Amparo contra el DNU que limita el derecho a huelga
La CGT presentó un amparo judicial para frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limita el derecho a huelga y amplía la lista de actividades esenciales que deben cumplir con un funcionamiento superior al 75% aunque estén en conflicto sindical.
Desde la central obrera apuntaron contra el decreto por considerarlo inconstitucional y sostuvieron que vulnera los derechos fundamentales consagrados tanto en la carta magna como en los tratados internacionales.
Puntualmente, desde el sindicalismo apuntan a que el nuevo decreto de Javier Milei viola el artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza derechos laborales esenciales como la negociación colectiva, la estabilidad en el empleo y el derecho a huelga. Desde la CGT sostienen que la medida «debilita la capacidad de acción sindical y consolida las relaciones laborales desiguales».
Por otro lado, el DNU tampoco respondería a cuestiones de necesidad y urgencia como exige el artículo 99 de la Constitución. En este sentido, los gremios desafiaron al presidente a someter el tema a consideración del Congreso y explicaron que también viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , la Convención Americana sobre Derechos Humanos y varios convenios de la OIT.
La presentación judicial fue hecha después de una reunión entre uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El DNU fue publicado el miércoles de la semana pasada y amplía el listado de actividades consideradas esenciales que, por esa característica, no pueden hacer paros totales y tienen que garantizar un 75% de funcionamiento aún estando en una medida de fuerza. Entre ellas están los servicios de salud y farmacia, el transporte de cargas, combustibles y personas, la educación, los servicios de telecomunicaciones y los servicios de puertos, aeropuertos.
Con el amparo, la CGT busca que se dicte una medida cautelar que suspenda el decreto y le permita a los gremios seguir ejerciendo el derecho a huelga mientras se resuelve la cuestión de fondo.