Se multiplican los cuestionamientos legales al DNU que reforma la Ley de Migraciones
La decisión del Gobierno nacional de modificar la Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia para habilitar la expulsión o prohibición de ingreso de extranjeros que emitan «mensajes de odio» u ofendan los símbolos patrios encendió las alarmas en los tribunales. Varios constitucionalistas coincidieron en señalar que hay inconsistencias tanto en la forma elegida para sancionar la medida como en su aplicabilidad.
El foco del debate no pasa tanto por si la medida es acertada o no si no por su validez constitucional y su viabilidad.
Uno de los primeros cuestionamientos formales apunta a la vía elegida por el presidente: el DNU. Los especialistas sostienen que no se verifica la existencia de una situación de emergencia objetiva o de fuerza mayor que impida al Congreso Nacional debatir una modificación a la Ley de Migraciones. Al eludir el paso por el Congreso, la norma queda expuesta a futuros planteos de inconstitucionalidad.
Por ottro lado, los juristas cuestionan que no hay una tipificación clara sobre los «mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino», lo que puede llevar a que todo quede sujeto a la interpretación que pueda darle un juez o la autoridad migratoria. De aquí se desprende un tercer cuestionamiento, que tiene que ver con quién evalúa esas conductas, algo que tampoco deja claro el decreto.
Por último, los especialistas advierten que la norma podría atentar contra el derecho a la libertad de expresión, amparado por la Constitución, y podría transformarse en un mecanismo de censura previa o represalia indirecta frente a expresiones que puedan ser consideradas ofensivas.
Además, resaltan que el texto no especifica los protocolos con los que el personal de fronteras u organismos migratorios determinaría en tiempo real si un ciudadano extranjero incurrió en una ofensa. En este sentido, advierten que, sin criterios técnicos concretos, es muy difícil que la norma pueda aplicarse sin que toda acción contra las personas denunciadas pueda ser fácilmente llevada a tribunales.