Polémica iniciativa: el Gobierno quiere eliminar el COPREC
La Unión de Mediadores Prejudiciales se declaró en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de que el gobierno derogue la Ley 26.993, a través de la cual funciona el Servicio de Conciliación Previa de las Relaciones de Consumo (COPREC). El COPREC es una manera accesible y rápida de resolver los conflictos evitando que lleguen a instancias judiciales.
Desde la Unión de Mediadores sostuvieron que llevarán a cabo «todas las acciones tanto en el ámbito administrativo como en el judicial» para defender la fuente de ingresos profesionales de abogados, mediadores y conciliadores.
Por esta razón, los mediadores ya están en conversaciones con autoridades del Consejo de la Magistratura, de la Dirección de Defensa del Consumidor porteña, del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y de la Secretaría de Comercio de la Nación.
Justamente el Colegio de la Abogacía emitió un comunicado rechazando la medida, que por ahora no pasa de versiones. “Ante informaciones provenientes de colegas conciliadores de consumo sobre una posible reestructuración del Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y la Ventanilla Única Federal, el CPACF rechaza cualquier iniciativa de esa naturaleza”, dice el texto. Además, la entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra explicó que “reafirma su compromiso con la defensa del ejercicio profesional de sus miembros y con la protección de los derechos de los consumidores”. Para finalizar, desde el Colegio sostuvieron: “Confiamos en que las autoridades sabrán encontrar soluciones que fortalezcan, en lugar de limitar, el rol de los conciliadores en beneficio de la sociedad en su conjunto”.
Según lo que trascendió, la idea del Gobierno nacional es derivar los casos a otros organismos con las defensorías del consumidor. Pero las propias organizaciones de consumidores advierten que en muchas localidades del interior no hay defensorías o están lejanas y eso dejaría indefensos y sin acceso a la justicia a los consumidores.
El proyecto oficial contempla la derogación de la Ley a partir de enero. Mientras tanto, las negociaciones para revertir esta medida polémica, que perjudica tanto a los letrados como a los consumidores, ya están en marcha.