Piden la intervención de CAME y la renuncia de su presidente
Luego de que el Gobierno volviera voluntario el aporte por «capacitación» al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), la Confederación Federal Pyme Argentina pidió intervenir la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por el manejo de esos millonarios fondos. Desde la entidad dijeron que sus asesores legales están trabajando en el tema y anticiparon que en breve tendrán una respuesta a esta denuncia.
Sucede que, según detallan desde la Confederación Pyme, desde el año 2008 los comerciantes debían pagar un aporte mensual obligatorio por cada empleado para cubrir capacitaciones, aunque no se capacitaran nunca. Eso representaba una recaudación mensual de más de $5.600 millones y de $70.000 millones al año, pero -de acuerdo a lo que denuncian- sin ninguna rendición de cuentas por parte de los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que administran esos fondos.
La contribución «obligatoria», por parte del empleador, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), alcanza a 1.2 millones de trabajadores. En marzo la cuota se incrementó a $ 4.725,02 por cada trabajador, porque está homologada en el convenio mercantil y representa el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial. Es decir que, además, se incrementa con cada paritaria y los empresarios deben pagarlo aunque sus empleados no se capaciten nunca.
El presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, Mauro González, indicó que ya hay denuncias ante el Gobierno para que se investigue qué se hizo con estos fondos. «La falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del INACAP es más que notable. No hay forma, como comerciante obligado a aportar mensualmente, de acceder públicamente a esta información. Tampoco es posible saber como cámara empresaria socia a qué entidades se le envían fondos, porque eso es discrecional», afirmó.
También pidieron investigar la representación real de las cámaras que reciben esos fondos para «capacitar», porque hay sospechas de que existiría una «ingeniería de sellos de goma» que dicen representar a comercios y emprendedores y ni siquiera son empresarios. «Se expusieron casos concretos», sostuvo González, que explicó que la denuncia la radicaron cámaras socias de CAME.
Por último sostuvo que «según el estatuto de CAME, la entidad debe ser dirigida y administrada por un Consejo Directivo compuesto por noventa 90 consejeros titulares , y a pesar de que CAME dice concentrar a más de 1400 socios, en la conducción actual, la influencia de cámaras de Chaco dentro de las autoridades que administran y controlan parte de los multimillonarios fondos es por demás llamativa».
«Las pruebas que presentaron las cámaras socias es más que contundente, por tanto pedimos la intervención de CAME, en perjuicio de los aportes de todos los comerciantes del país», concluyó Mauro González.
Desde la entidad señalada adelantaron a este medio que están trabajando en una pronta respuesta legal a estas acusaciones.