Piden informes en el Congreso para investigar el destino de los fondos del INACAP
Después de que el Gobierno dispusiera por decreto que los aportes de capacitación en el convenio de Comercio deberán ser voluntarios y no obligatorios como lo eran desde 2008, empezaron las primeras repercusiones políticas. La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de informes en el Congreso de la Nación para que se explique cuál fue el destino de los fondos recaudados por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). «No hay rendición de cuentas públicas de los millonarios fondos, que tiene de rehenes a todos los comerciantes y alimenta a la casta gremial empresaria», sostuvo Pagano.
Homologado por la Secretaría De Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130-1975, la contribución obligatoria al INACAP por parte del empleador, se efectúa desde el año 2008 por cada empleado de comercio (unos 1,2 millones en todo el país) . El aporte involucra el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, por lo que se incrementa con cada paritaria y se recaudan millonarios fondos mensuales. «Las mismas entidades gremiales patronales se autobenefician con cada aumento paritario, porque eso involucra mayor recaudación para ellas mismas», reveló Pagano.
Si se tiene en cuenta que en marzo de 2025 la cuota de INACAP fue de $4.725,02 por cada trabajador, se calcula una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año. Sin embargo, no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace con dichos fondos. Es por este motivo que la legisladora libertaria impulsa un pedido de investigación en el Congreso de la Nación, para lograr transparencia sobre el manejo de este aporte.
Es que las arbitrariedades y los desmanejos ni siquiera se disimulan. Según el presidente de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla, en esa provincia hay unos 15 mil empleados registrados en el marco de ese convenio. Esto significa que los empleadores aportan al INACAP unos $70 millones al mes. Pero desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le transfieren sólo un millón de pesos por mes a la Federación, para distribuir entre 9 cámaras socias. Y este es solo un caso.
«Tomando ese parámetro, si a una provincia le redistribuyen $12 millones al año, pero el INACAP recauda miles de millones, resulta indispensable investigar en qué se destina el resto de los fondos», explicó la diputada. Y destacó que ya existe además un pedido de investigación por parte del Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos) ante la Secretaría De Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Según detallan en esa denuncia existiría una «ingeniería» para desviar fondos del INACAP a cámaras de dudosa representación, cuyos integrantes no son empresarios activos o no desempeñan la actividad del rubro que dicen representar, pero integrarían consejos directivos de las entidades gremiales administradoras del INACAP con capacidad de voto o fiscalización de los fondos.
«Según se desprende de la nómina de organizaciones, existen asociaciones hasta de calles o avenidas y si se corrobora que recibían fondos del INACAP, se evidencia el mantenimiento de una suerte de casta gremial empresaria que tiene de rehenes a todos los comerciantes del país obligados a aportar fondos», concluyó Pagano.