La Corte ya no controla el saneamiento del Riachuelo
La Corte Suprema dio por finalizada su intervención y supervisión en la causa por el saneamiento del Riachuelo, por la que fueron condenados los Estados nacional, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Los jueces sostuvieron que se han logrado reformas estructurales que permitieron encauzar políticas y acciones para revertir la contaminación y cumplir con los derechos ambientales que reclamaban los vecinos de la zona.
Según el máximo tribunal, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) es uno de los resultados tangibles y concretos de la intervención que ejerció durante estos años y sus funciones continuarán como garantía de control y regulación sobre el adecuado tratamiento que deben tener los desechos que se vierten en el río. En este sentido, los jueces advirtieron sobre el rol fundamental del organismo tripartito: «La limpieza del Riachuelo avanzó mucho, pero es un proceso que nunca termina».
Desde la Corte detallaron que «se encuentran en ejecución y con diferente grado de avance» todas las acciones y medidas aprobadas para lograr el saneamiento de tierra, agua y aire en la cuenca. «La decisión del Tribunal refleja la convicción de que se crearon las herramientas básicas necesarias para que las autoridades competentes continúen con las tareas de saneamiento sin la necesidad de una supervisión judicial constante», explicaron. Y sostuvieron que con esto, su tarea como jueces sobre esta causa parece cumplida: «este tipo de procesos se consideran culminados desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que se han definido claramente las metas a cumplir y se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación» .
Por otra parte, el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre posibles indemnizaciones por daño colectivo a los vecinos demandantes por considerar que no se puede llegar a una conclusión sobre la eventual existencia de daños irreversibles. En este sentido dejó en manos de jueces con competencias ordinarias la resolución de los reclamos particulares que puedan presentarse.