Incidentes en el Congreso: denunciaron a la jueza que liberó a los detenidos
El Gobierno denunció a Karina Andrade, la jueza que liberó en solo 8 horas a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso el miércoles pasado. La acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y también por encubrimiento.
La presentación fue hecha por funcionarios del ministerio de Seguridad y quedó en manos de la jueza María Servini de Cubría y del fiscal Eduardo Taiano.
Según la denuncia, Andrade «omitió la aplicación de las normas procesales que son de aplicación diaria y común en todos los procesos y se inventó un procedimiento propio, por el cual se arrogó la facultad de entrometerse en las facultades del fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia”. El texto agregó que “además, la jueza no intervino en las actuaciones que estaba labrando la fiscalía, sino que dictó su resolución a través de whatsapp”.
“Violando la Ley, Andrade decidió la inmediata libertad de 114 detenidos sin haber siquiera accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales», afirmaron desde el Ejecutivo en la presentación.
Por eso pidieron su apartamiento y sostuvieron que la decisión de liberar a los detenidos estuvo basada en cuestiones ideológicas de la magistrada.
Desde el ministerio que conduce Patricia Bullrich, dieron su versión de los hechos. Relataron que “los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”. Y que se trató de “una organización de la movilización destinada a provocar disturbios enfrentando a la policía y generar represión”. Además apuntaron a distintas barras bravas del fútbol como los culpables y advirtieron que buscaban “impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional”.
Así, en las horas previas a una nueva marcha convocada para este miércoles, el Gobierno busca marcar la cancha con la denuncia contra la jueza Andrade como modo de advertencia ante los violentos y también ante el poder judicial.