El gobierno fue a la Corte por la reforma laboral
Pese al freno de la justicia, el Gobierno insiste con la reforma laboral y explora dos caminos, uno en los tribunales y otro en el parlamento. La Procuración General del Tesoro que dirige Rodolfo Barra presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar que valide los cambios en el área del trabajo contenidos en uno de los capítulos del DNU de Milei, que la Cámara laboral declaró inconstitucionales.
El texto de la presentación sostiene que el fallo de la Cámara no presenta «argumento alguno sustentado en prueba que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical ni tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores».
Además, los abogados del Gobierno apuntaron contra la CGT y hablaron de presiones políticas. «Por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa».
En un fallo firmado por los jueces Mario Fera, Manuel Diez Selva y Héctor Guisado, la Cámara del Trabajo había suspendido todo el capítulo laboral del DNU por considerarlo inconstitucional. Entre otras cosas, las modificaciones impulsaban la ampliación de los períodos de prueba de 3 a 8 meses, un nuevo sistema de indemnizaciones, límites al derecho a huelga y una reducción de las multas a empleadores.
En paralelo a las presentaciones judiciales, el Gobierno también última los detalles para mandar un proyecto de reforma laboral al Congreso. El contenido sería prácticamente el mismo del DNU y ya hay negociaciones con los bloques dialoguistas para que acompañen la iniciativa.