Al pueblo lo defiende una silla vacía

Al pueblo lo defiende una silla vacía

Desde el 2009, estamos sin un Defensor del Pueblo que vele por nuestros derechos. Un tema grave que seguimos denunciando en nuestra página. Mirá en esta nota porqué deben cambiar las cosas.

En junio del 2015, el equipo de Defiendase te contó que la Defensoría del Pueblo de la Nación no tiene un defensor que la encabece como lo rige la Constitución desde hace más de 7 años. Si bien Carlos Haquím, el entonces Secretario General, se hizo cargo hasta que fue elegido como vicegobernador de la provincia de Jujuy, no podía cumplir con el 100% de las tareas «porque no gozaba de una legitimación procesal», había explicado el primer Ombudsman argentino, Jorge Maiorano.

Recordemos que el defensor del pueblo es un órgano que tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses de las personas frente a los abusos de la administración pública, sentencia el abogado constitucionalista Daniel Sabsay. 

«El origen del Defensor del Pueblo es sueco y aparece a fines del siglo XVIII. A través de sus investigaciones, indagaciones y denuncias es alguien que vela permanentemente por la plena vigencia de todos los tipos de derechos de las personas», detalla. 

Sabsay remarca también que la titularidad está vacante desde hace siete años, ?lo cual es sumamente grave y se deriva de la falta de acuerdo dentro del Congreso para obtener una mayoría calificada para la designación de este funcionario. Lamentablemente se continua con esta situación, la cual se ha agravado mucho en los últimos tiempos porque antes existían dos defensores adjuntos que están previstos también en la ley reglamentaria de la Constitución pero que han cesado en sus mandatos, así que la acefalia es total y absoluta. 

Defiéndase también habló con el Dr. Marcelo Honores, quien ocupa el cargo de Secretario General en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por la misma razón, la falta de consenso del poder legislativo. 

Honores explica que la tarea del defensor es garantizar los derechos de los habitantes, en su caso en la provincia de Buenos Aires frente a omisiones del Estado o hechos que violan en forma deficiente, maliciosa e irregular los derechos de los ciudadanos. 

«La verdad que es una institución que tiene su influencia en toda la provincia de Buenos Aires y trabaja, se esmera y trata de cumplir su rol constitucional».

Ante la falta del Defensor del Pueblo de la Nación, el Dr. Honores asegura que es un tema que debe resolverse porque está pendiente de análisis, debate y discusión.»Creo que a partir del fallo de la Corte Suprema respecto a las tarifas se ha instalado nuevamente el debate», agregó ademas.  

¿Podría accionar el Defensor ante el aumento de las tarifas?

Si, dijo el Dr. Sabsay, «lo que tiene de muy positivo es que el defensor del pueblo puede accionar ante la justicia en representación de distintos colectivos afectados por los cuadros tarifarios si así lo considerasen, lo cual genera economía procesal, y además de parte de los damnificados la posibilidad de estar representados por un funcionario estatal. De todos modos, todavía desde la misma Corte Suprema se le ha reta bastante la legitimación, es decir, la posibilidad de actuar ante la justicia, pero esto se ha extendido con el tiempo ósea que sería muy positivo si así ocurriese».

Por su parte, Honores nos cuenta que sabe que existen proyectos de leyes tendientes a modificar el mecanismo de selección para garantizar la independencia y la autonomía del ombudsman, «y en definitiva la fortaleza del Defensor Del Pueblo que es una figura insustituible y necesaria porque en todo este tema tarifario de carácter nacional permite ejercer la representación colectiva a través de esa figura y que no sea necesario que cientos de organizaciones tengan que presentarse para poder cumplir con el cometido de resguardar derechos». 

«Nosotros compartimos la necesidad de la figura, primero por la fortaleza de la Institución y además por el rol que cumple que venimos sosteniendo, afirmando y convalidando que es el tema de los derechos de los ciudadanos», concluyó Marcelo Honores. 

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