El Gobierno quiere ponerle límite a la gestión del Procurador
La Casa Rosada evalúa un proyecto de ley para ponerle fin al carácter vitalicio del cargo de Procurador General de la Nación, una medida que busca facilitar los consensos políticos en el Senado en paralelo con la plena implementación del sistema acusatorio.
La iniciativa, que rompería con una tradición histórica en la designación del jefe de los fiscales, propone fijar un límite temporal a su mandato. Desde el Gobierno sostienen que la perpetuidad actual del cargo actúa como un tapón político que dificulta los acuerdos para nombrar a un titular definitivo. Mientras tanto, Eduardo Casal sigue como interino desde finales de 2017.
En paralelo a la discusión sobre la Procuración, desde el Gobierno le imprimen máxima celeridad a las designaciones judiciales que faltan para cubrir el tercio de los despachos que hoy se encuentran vacíos en los tribunales federales de todo el país.
El objetivo es tratar en la próxima sesión del senado, prevista para mediados de julio, un paquete de aproximadamente 35 pliegos que incluyen jueces, fiscales y defensores oficiales. Si se aprueban, ya se habrán consumado cerca de 100 designaciones, la tercera parte de las casi 300 vacantes que arrastra la justicia federal.
Una doble ofensiva en terreno judicial con la que el Gobierno busca sentar las bases para una justicia más efectiva.