Celulares en el aula: una prohibición y un dilema judicial
Tras el avance legislativo en la Provincia de Buenos Aires para extender la prohibición de celulares a las escuelas secundarias, los colegios privados salieron al cruce de la administración Kicillof y reclamaron autonomía institucional para decidir sobre ese punto tan controversial.
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa) pidió formalmente que la normativa contemple excepciones y conceda respaldo jurídico a los colegios. Sucede que muchas familias advirtieron que la restricción del uso de teléfonos y la confiscación transitoria que habilita la nueva normativa puede llegar a ser judicializada.
Por esta razón, la Aiepa, que agrupa a más de 5.000 colegios, solicitó que la reglamentación faculte a cada escuela a definir si prohíbe el dispositivo o si lo integra bajo pautas pedagógicas propias. El referente del sector, Martín Zurita, explicó que una imposición estatal carente de protocolos de sanción claros debilita la autoridad dentro de las aulas.
Además advirtió que retener temporalmente un equipo electrónico puede generar planteos legales por parte de las familias, por lo que subrayó la necesidad de que se exima de responsabilidad civil a los docentes y directivos.
La pulseada legal entra ahora en una etapa crítica a la espera de la publicación del texto definitivo en el Boletín Oficial, momento en que el Ejecutivo bonaerense deberá detallar los protocolos específicos de aplicación.