Grave denuncia por arbitrariedades, contradicciones y falta de transparencia en una causa vial
Un accidente de tránsito en Hudson terminó con un joven acusado por lesiones culposas y la denuncia de su abogada defensora contra la forma en la que la fiscalía condujo la investigación. En concreto la letrada Silvia Grossi, abogada especializada en derecho penal, subrayó que hubo «contradicciones groseras, improvisación, arbitrariedades, falta de transparencia y un preocupante desprecio por el derecho de defensa»
Según relató su abogada, el joven conducía su camioneta Toyota Hilux por la calle 147 y, al llegar a la intersección con la calle 56, chocó con una moto en la que viajaban un adulto y su hijo de 10 años. Según especificó la defensa, el conductor de la moto había violado la prioridad de paso, no tenía licencia de conducir ni seguro, iba sin casco y con un menor de 10 años también sin casco como acompañante.
Luego del análisis de la pericia accidentológica, la fiscal Karina Santolín, titular de la UFIJ N.º 7 de Berazategui, atribuyó la responsabilidad penal al conductor de la moto y liberó de toda imputación al joven que iba en la camioneta. Esa decisión quedó firme durante semanas: se libraron oficios, se anuló una testimonial, y no se incorporó ninguna prueba nueva que la contradijera.
Sin embargo, dos meses después, sin requerimiento de parte, sin nueva pericia ni prueba objetiva alguna, la misma fiscal revocó su decisión «por contrario imperio» (una figura que solo puede ejercer un juez), volvió a imputar al joven y pidió la elevación de la causa a juicio.
«Este viraje procesal, súbito, injustificado y carente de sustento técnico, genera serias sospechas, más aún cuando el imputado es hijo de un empresario y se trata de un típico caso de accidente de tránsito, ámbito donde no son ajenos los arreglos informales y las presiones», señaló la abogada.
Por si fuera poco, la moto fue entregada al conductor sin acreditar licencia ni seguro, lo que en cualquier otro caso habría sido impedimento inmediato. «La desigualdad de trato es evidente», agregó Grossi.
Cuando la letrada fue propuesta como defensora, la fiscalía le negó el acceso a las actuaciones hasta que no aceptara el cargo y pagara el bono y el anticipo, algo que viola expresamente el art. 280 del Código Procesal Penal bonaerense.
Según Grossi, este caso «muestra con crudeza cómo funciona parte de la justicia penal bonaerense y como una instrucción fiscal mal dirigida afecta a todos». La especialista en derecho penal describió que se trata de «un joven sin antecedentes, con conducta intachable y en pleno proceso de formación universitaria que queda sometido a un proceso cargado de contradicciones, improvisaciones y arbitrariedades».
Por último la abogada sostuvo que si este tipo de procederes no se denuncian habrá más víctimas del mismo sistema, «atrapadas en causas donde la verdad se pierde entre el desorden, el mal desempeño y la falta de transparencia institucional».