La protesta judicializada: Denuncias cruzadas entre el gobierno y manifestantes
La relación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales se tensa cada vez más. Y ahora recaló en la Justicia. Por un lado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo una presentación para que se embargue a los manifestantes que causaron destrozos en las protestas contra la Ley Ómnibus en el Congreso. Y, por el otro, el propio protocolo antipiquete que se aplica en cada marcha fue denunciado por referentes de la izquierda y es evaluado en los tribunales de Comodoro Py.
«De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados», dice el texto de la denuncia que Bullrich presentó ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. En su pedido, la ministra detalla que en los operativos el Estado gastó más de 134 millones de pesos para poder movilizar a las distintas fuerzas federales que actuaron contra los manifestantes.
En otro párrafo, la presentación justifica el accionar de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal «ante los disturbios y la violencia desplegada por un gran número de personas y a fin de preservar el correcto funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina, proteger a los señores diputados y funcionarios pertinentes».
Pero la justicia no solo recibe denuncias desde el Gobierno, sino también en contra de él. Tras una demanda impulsada por la legisladora porteña Celeste Fierro, el juez Sebastián Casanello empezó a analizar la legalidad del protocolo antipiquete, sus fundamentos jurídicos y su adecuación a normas internacionales de derechos humanos.
Por eso le dio 72 horas al Ministerio de Seguridad para que detalle cómo se aplica el protocolo y en qué casos e indique «pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.
La izquierda sostiene que el protocolo afecta «el derecho de asociación y la libertad de expresión» y va contra «los principios de legalidad, reserva, culpabilidad, lesividad, inocencia, pro homine, máxima taxatividad y responsabilidad penal personal».
La Justicia debe definir sobre denuncias cruzadas en torno a la protesta en un contexto de creciente conflictividad social y la palabra de los jueces puede ser clave para definir cómo seguirán las manifestaciones en un año que promete ser muy agitado.