La Justicia dictó una cautelar contra el protocolo antipiquetes
En medio del terremoto político por la caída del tratamiento de la Ley Ómnibus, la Justicia federal le dio un nuevo revés al Gobierno, puntualmente a Patricia Bullrich. El juzgado criminal y correccional n°7, encabezado por Sebastián Casanello, exhortó al Ministerio de Seguridad a «adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho» y le pidió que se sujete «al mandato legal que deriva del Código Procesal de la Nación».
Además ordenó «instruir a los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad para que se informen y eleven una inmediata consulta a las autoridades judiciales en el marco de su accionar».
El juez convocó a los representantes del Ministerio de Seguridad a una audiencia de hábeas corpus prevista para el miércoles 14 de febrero de la que también participarán legisladores de izquierda.
Con esta acción, la justicia responde a la demanda presentada por la diputada porteña del Movimiento Social de los Trabajadores, Celeste Fierro, que había pedido que se declare inconstitucional el procedimiento que aplica Patricia Bullrich ante cada marcha o manifestación. Según Fierro, el protocolo «vulnera los derechos y garantías» en la movilización.
Ante el pedido de informes del juez Sebastián Casanello, Bullrich defendió el proceder de las fuerzas federales y en un escrito sostuvo que es una solución ante «una situación insoportable por la población». Además agregó que «el ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos».