¡Ley de víctimas, aprobada!
Histórico. Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó la ley de protección de víctimas de delitos. ¿De qué trata? ¿Cómo se aplica?
Finalmente, y después de varias idas y vueltas dentro del Congreso, el proyecto de la ley de protección de víctimas de delitos fue aprobada. La Cámara Baja apoyó a las organizaciones sociales que pedían una reglamentación, con 219 votos a favor y ninguno en contra.
Esta ley, redactada por el sector de Sergio Massa y modificada en el Senado, establece un régimen de protección a víctimas de delitos y crea centros de protección que deberán permanecer abiertos las 24 horas y contar con un equipo especializado.
Mónica Litza, Diputada Nacional del Frente Renovador señaló a Defiendase que esto es un cambio de paradigma enorme. «La balanza de la justicia estaba desequilibrada. Había derechos y garantías para los delincuentes, desde el inicio del delito». La congresista agregó que el victimario podía disponer de un abogado de forma gratuita y la víctima no.
El texto aprobado en el Congreso permite que de ahora en más la víctima sea escuchada y que su opinión, respecto a la recuperación de la libertad (libertad condicional o excarcelación) de su victimario sea tenida en cuenta.
Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires además deberá tener un Defensor Público de las Victimas que estará en la órbita de la Defensoría General de la Nación. «Muchas ciudades tienen departamentos de atención, pero no están funcionando, ahora hay que mejorarlas y poner los recursos para que realmente funcionen», detalló Litza.
«Cuando hablamos de víctimas no tenemos que pensar que son un grupo de personas que tuvo mala suerte. Víctimas somos todos porque nos pasó algo o a algún familiar, amigo o afecto».
«Uno de cada tres argentinos es víctima de un delito», reveló la diputada y agregó que, de 100 denuncias, solamente una termina con sentencia. «La justicia también tiene que saldar una asignatura pendiente enorme».
Matías Bagnato es el único sobreviviente de la llamada Masacre de Flores. En febrero de 1994 murieron sus padres, sus hermanos, Fernando y Alejandro, y Nicolás Borda, un amigo de Alejandro a causa de un incendio provocado por «un monstruo» que quería venganza.
Muchos años después de aquella pesadilla, Matías siguió peleando por justicia y formó parte del armado de esta ley. Para él, haberla logrado es la forma que tiene de devolverle a todos los argentinos la ayuda que le dieron desde chico. «Muchos fueron mi sostén. Hoy se está generando un cambio en el país, nadie más va a tener que sufrir lo mismo que yo sufrí», confesó en dialogo con Defiendase.
«Sabemos que van a existir futuras víctimas del delito y esta ley es para ellos». El primer punto habla del Defensor Oficial para la Victima, y se crea porque al día de hoy el delincuente contaba con un abogado gratuito que le suministraba el Estado y la víctima, si estaba en una situación económica desfavorable no podía constituirse como parte querellante en una causa y quedaba completamente excluido, definió.
La ley además le da la posibilidad a la víctima de ser escuchada e informada a lo largo de todo el proceso judicial. En la actualidad, cuando los delincuentes deben cumplir la pena, la víctima era excluida y los jueces no le avisaban a la otra parte cuando les otorgaban a los asesinos salidas transitorias o la libertad condicional. Esto expone a la víctima a un riesgo latente, dijo Bagnato.
Por su parte, quien también habló con Defiendase fue María Lujan Rey, mamá de Lucas Menghini de 20 años, que falleció en la tragedia de Once en 2012.
Ella señala que esta ley viene a saldar una deuda a futuro con los ciudadanos que se convierten en víctimas. «La ley es para quienes, de un día para el otro, por hechos de inseguridad o por hechos de corrupción se convierten en víctimas o en familiares de víctimas».
La creación de una Defensoría Publica para la Victima y de los centros de asistencia integrales son los puntos más importantes de la ley, y esperamos que sea reglamentada prontamente. «Queremos que sea adherida por todas las provincias para que todos los argentinos se vean beneficiados con estos nuevos derechos», explicó.
Defiéndase también buscó la opinión del Diputado Nacional Luis Petri (UCR/Cambiemos) para hablar del proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja. «Se fortalecen los derechos de las víctimas en el proceso penal», señaló en una comunicación vía Skype con nuestro equipo.
Petri agregó además que, en la República Argentina las víctimas sufren una «victimización secundaria», es decir, son víctimas del delito por parte del victimario, pero posteriormente terminan siendo rehenes del proceso judicial en donde se las abandonan y estigmatizan.
«Tienen muy pocos derechos y su participación termina reducida a la posibilidad de ser testigos del proceso, en donde muchas veces se ven amenazadas y amedrentadas. Esta ley les proporcionara a las futuras víctimas asistencia médica, psicológica y jurídica», detalló el Diputado mendocino.
«Se modifica el paradigma y la víctima pasa a tener un rol de centralidad en el proceso equilibrando la balanza», remarcó. El proceso penal, según Petri, posaba su mirada en los imputados, les otorgaba derechos y garantías, pero no hacía lo mismo con la víctima. «En definitiva el debido proceso debe garantizarse a toda aquella persona que acude a la justicia».
Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires también habló con nosotros del proyecto. «Es una ley muy ambiciosa y potente. Pone a la víctima en el centro y construye todo un arco de derechos».
El diputado del Frente Renovador había participado en la redacción del texto original, en donde se detalla que una víctima que no sabe cómo proceder cuando se ha cometido un delito puede pedir asesoramiento o puede ser representada. «Una víctima, un abogado».
Los centros de atención se crean con un criterio de descentralización. La idea es llevar a la justicia al lugar del problema y evitar que la víctima concurra a los tribunales. En estos lugares se podrán hacer todas las primeras diligencias, toma de denuncia, pericias y exámenes médicos en caso de violación.
«Esta es una ley pensada para la defensa real de la víctima. Deberá construirse en el tiempo y con los presupuestos, pero se ha logrado un instrumento legal muy bueno», opinó.
Respecto a la creación del Defensor de la Victima, el diputado provincial explicó que en la provincia de Buenos Aires acceder a un proceso penal con un abogado cuesta $1300 de impuestos y que «esta ley toma el principio de gratuidad. Toda víctima va a contar con la posibilidad de tener un asesoramiento y una representación en los delitos graves de forma gratuita como la tiene el imputado», finalizó Gutiérrez.