Volvieron a frenar la designación del Defensor del Niño
Un nombramiento que es vital y que se hace esperar. La Bicameral encargada de designar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Congreso suspendió su última reunión luego de que la Justicia Federal hiciera lugar a un amparo de la oposición y declarara nula la composición de la comisión dictada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Con este freno judicial, el cargo, que está vacante desde mayo de 2025, sigue sin definirse en medio de las disputas políticas.
El fallo del juez Enrique Lavié Pico advirtió que la comisión armada por La Libertad Avanza no respetó la proporcionalidad de las fuerzas políticas que exige la ley y excluyó arbitrariamente a senadores del bloque Justicialista.
Sin embargo, el conflicto de fondo va más allá del reparto de sillas en el Congreso. La pelea de fondo es en torno a la creación del reglamento para un nuevo concurso de postulación. Las principales organizaciones de la sociedad civil, como ACIJ, Aldeas Infantiles SOS y FEIM, denunciaron que el oficialismo busca cambiar las reglas de juego eliminando el examen escrito y el orden de mérito. Según las ONG, esto significa «vaciar de contenido» el concurso público, habilitando designaciones a dedo en un rol que exige ser independiente de los partidos políticos y del poder de turno.
Cabe destacar que la falta de designación de un Defensor del Niño no es un mero bache administrativo sino una vulneración directa a los derechos de millones de menores en la Argentina.
Según la Ley 26.061, el Defensor del Niño es un órgano de control autónomo, cuya función es controlar que el Estado cumpla con las leyes de protección de la infancia. Al no responder a ningún gobierno de turno, tiene la libertad de denunciar lo que esta mal y de velar porque los derechos a la salud, educación, alimentación y la integridad de los menores no sean avasallados.
Además, ante casos de desnutrición, fallas en el sistema educativo o desamparo social, el Defensor tiene la potestad de interponer acciones judiciales directas contra el propio Estado para exigir soluciones urgentes
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Por último, el defensor es la autoridad que debe auditar de manera constante los lugares de guarda, institutos de menores y programas de asistencia social, asegurando que no haya abusos institucionalizados.
Pese a esto, gracias a las rencillas políticas, este cargo clave, encargado de defender los derechos de los niños en la Argentina, sigue teniendo su despacho vacío.