Intimado por la justicia, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad
Finalmente, después de más de 6 meses de postergaciones por razones presupuestarias, el Gobierno aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La norma había sido sancionada por el Congreso en julio de 2025, luego fue vetada por Javier MIlei y reafirmada por el parlamento con una mayoría especial. Sin embargo, hasta ahora no se había aplicado.
La ley, que declara la emergencia en el ámbito de la discapacidad, incluye nuevas directivas para las políticas públicas, las prestaciones y las pensiones relacionadas con esta problemática. Su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse por un año más.
Lo que catalizó la reglamentación fue un fallo judicial en el que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la nulidad del artículo que suspendía la implementación de la ley. El magistrado consideró que esta suspensión contravenía las obligaciones constitucionales del Estado y subrayó que la falta de financiamiento ponía en peligro tratamientos médicos esenciales para las personas con discapacidad.
A pesar de que el Gobierno apeló la decisión, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar el cumplimiento de la sentencia y exigió al Ministerio de Salud informes periódicos sobre los avances en la implementación de la ley.
Uno de los aspectos más destacados de la reglamentación es la creación de un nuevo régimen para las pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto establece los criterios para acceder a estas pensiones, su permanencia, incompatibilidades y procedimientos administrativos, e introduce métodos de auditoría para garantizar la transparencia y el control del sistema.
Asimismo, las pensiones no contributivas otorgadas antes de la sanción de la ley serán automáticamente transformadas en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esto implicará un proceso de revisión y verificación de los beneficiarios y las prestaciones que se encuentran en curso.
Otro cambio relevante es el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que ahora depende del Ministerio de Salud. La reglamentación también le otorga a esta Secretaría la responsabilidad de convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Además, se establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como lo exige la ley.