Habilitan a civiles a poder comprar fusiles
El Gobierno resolvió habilitar a los civiles a poder acceder y usar armas semiautomáticas. Esto representa un giro drástico en la normativa que regía hasta ahora, porque directamente anula la prohibición de tener ese tipo de armamentos y establece los criterios para poder acceder a ellos aunque, aclara, sólo para uso deportivo.
Como la habilitación abre la puerta a la posibilidad de una tenencia peligrosa e irresponsable, la nueva legislación establece condiciones muy estrictas que buscan garantizar que solo aquellas personas con un uso legítimo y comprobado de armas puedan poseer este tipo de fusiles.
Uno de los puntos centrales de la reforma es, justamente, la exigencia de una acreditación de uso deportivo. Para que un solicitante pueda cumplir con este requerimiento, deberá demostrar al menos uno de estos tres requisitos: contar con una certificación emitida por una entidad de tiro con instalaciones propias que lo reconozca como tirador habitual; haber participado en competencias nacionales o internacionales en disciplinas que utilicen este tipo de armamento; o presentar una solicitud respaldada por una entidad habilitada, destinada a actividades exclusivamente deportivas o formativas.
Pero el uso deportivo no es el único criterio evaluado. La nueva normativa también considera antecedentes del solicitante, exigiendo que este no tenga sanciones ni procedimientos administrativos pendientes ante el Registro Nacional de Armas (Renar). Además se pide una antigüedad mínima de cinco años como «legítimo usuario» de armas de uso civil, lo que busca asegurar que los solicitantes cuenten con experiencia previa en la manipulación de armamento y un historial limpio de infracciones.
Por último, los interesados en adquirir este tipo de armas tendrán que completar una declaración jurada donde se comprometen a no modificar el funcionamiento del arma para convertirla en automática y no transferirla a terceros.
Este endurecimiento en los requisitos busca un control más estricto del armamento en el país, tratando de equilibrar el acceso legítimo con la seguridad pública. Sin embargo, la habilitación genera muchos interrogantes y cuestionamientos en un país donde la ley muchas veces se cumple a medias.