Grave censura judicial al periodismo en Tucumán
En una resolución que encendió las alarmas por su avance contra la libertad de prensa, un tribunal de Tucumán impuso una medida cautelar que prohíbe al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados (CCC) y a sus trabajadores emitir opiniones o contenidos críticos hacia jueces y fiscales provinciales
El fallo, dictado por el juez Lucas Taboada, establece que durante seis meses el canal y su personal no podrán difundir, por televisión, radio, medios digitales ni redes sociales, información o comentarios que “injurien, desacrediten o tergiversen” la actuación de funcionarios judiciales. El incumplimiento de la medida podría acarrear sanciones por “desobediencia judicial”.
La disposición responde a una denuncia presentada por el fiscal de la Corte Suprema provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Olarte, director y presidente de CCC. Jiménez acusa al canal de haber desplegado una “campaña de hostigamiento y desprestigio” contra el sistema judicial local.
La resolución judicial, que en los hechos impone una censura previa, vulnera derechos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos, que garantizan la libertad de expresión y prohíben toda restricción preventiva al ejercicio periodístico.
La decisión generó un fuerte rechazo de organizaciones profesionales y de derechos humanos. La Asociación de Prensa de Tucumán la calificó como “un atentado directo contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado”. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa acompañó la denuncia y expresó su solidaridad con los trabajadores afectados.
En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que el fallo “constituye un acto de censura previa incompatible con el sistema democrático” y “afecta gravemente el derecho a la información de toda la sociedad”.
Con esta decisión, la Justicia tucumana sienta un precedente de extrema gravedad institucional, al restringir la labor crítica de los medios y condicionar un derecho fundamental reconocido por la Constitución Argentina y los estándares internacionales de libertad de expresión.