El colegio de abogados se opone a informar sobre las actividades de los clientes, como pretende el gobierno
El Colegio público de la abogacía de Capital Federal ratificó su férrea oposición a la reforma de la ley de lavado de activos, que obligaría a los abogados y abogadas a informar sobre actividades privadas de sus clientes. Estos cambios estarían contenidos en un DNU que el Gobierno prepara para combatir este delito.
Según el comunicado firmado por el Dr. Ricardo Gil Lavedra, dar aviso sobre acciones relacionadas con el lavado de activos contradice los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera y viola el secreto profesional.
El escrito detalla que las actividades que se pretende que los letrados informen como parte de sus obligaciones profesionales ya están cubiertas por otras entidades y sujetos obligados, como los escribanos, el Registro de la Propiedad Inmueble y los Registros Públicos de Comercio.
Por otro lado, el hecho de informar sobre este tipo de acciones vulnera una de las garantías fundamentales en el ejercicio de la abogacía y es considerado por Gil Lavedra como «abiertamente inconstitucional».