14 años sin defensor del pueblo: Una falta de consenso que debilita las garantías del estado de derecho
En el año en el que se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia y habrá elecciones presidenciales y legislativas, el Congreso sigue dando muestras de la incapacidad para generar consensos básicos y aún no puede resolver una cuestión esencial para los ciudadanos y los consumidores: la elección de un Defensor del Pueblo, un puesto que lleva ya 14 años vacante pese a que en 2016 la Corte Suprema exhortó a los diputados y senadores a que activen el proceso para cubrir el cargo.
«El Defensor del Pueblo es una figura de gran importancia para la protección de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y su ausencia deja al sistema con una gran vulnerabilidad», dice Juan Pablo Zanetta, director del Instituto del Consumo en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y ex Presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires.
Para designar un Defensor del Pueblo se requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso y ese fue el principal obstáculo por el cual a lo largo de todos estos años y con la grieta de por medio, las distintas fuerzas políticas que pasaron por los recintos no pudieron ponerse de acuerdo.
La institución fue incorporada al sistema político en 1993 a través de la ley 24.284 y constitucionalizada en 1994. Tiene autonomía funcional y la misión de defender y proteger los derechos humanos y las garantías e intereses constitucionales además de controlar el ejercicio de las funciones administrativas. Sin embargo, el hecho de estar vacante durante estos últimos 14 años debilita, por no decir que vulnera, la defensa de esos derechos fundamentales.
«Se trata de una institución de enorme importancia para controlar al poder político de turno y para ocuparse de proteger a las personas frente a los abusos, irregularidades, omisiones o cualquier forma de vulneración o avasallamiento de sus derechos», explica Zanetta, que pasa a ejemplos concretos: «Pensemos qué importante hubiera sido tener un Defensor del pueblo activo y comprometido en las épocas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para garantizar la atención de la salud o evitar excesos en las restricciones a las libertades o intervenir en la distribución equitativa de las vacunas, o en estos tiempos para tomar posición frente a los aumentos de tarifas de los servicios públicos o los cortes de luz masivos».
Además, el Defensor del Pueblo es la única institución legitimada para asumir la defensa no jurisdiccional de los derechos fundamentales. «Es importante que se siga trabajando para encontrar una solución a esta situación y construir los consensos necesarios para superar la desidia, el desencuentro y la violencia en la conversación pública, que inexorablemente terminan debilitando la calidad institucional y disminuyendo el marco de garantías del Estado de Derecho», cierra Zanetta.