El nuevo proyecto de selección de jueces suma apoyo de los abogados
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su apoyo público al proyecto de reforma del sistema de selección de jueces que impulsa la Corte Suprema. Para la institución dirigida por Ricardo Gil Lavedra, la modificación del reglamento no es solo una cuestión administrativa, sino una «garantía de salud democrática» frente a un sistema de ternas que consideran agotado.
El corazón de la reforma apunta a una modificación estructural en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El objetivo central es evitar que los perfiles más técnicos y con mejores puntajes queden relegados por acuerdos de pasillo.
Para eso, la iniciativa busca establecer criterios objetivos de evaluación que limiten la capacidad de los consejeros para alterar el orden de mérito sin una justificación técnica sólida. «Se trata de recuperar la meritocracia en un poder del Estado que no puede permitirse sospechas de favoritismo», explicaron los impulsores del proyecto.
Desde la conducción del Colegio destacaron que los abogados litigantes son los principales perjudicados cuando un juez llega al cargo mediante el favor político en lugar del mérito académico.
«El proceso actual permite que, en las etapas finales, la política ‘meta la mano’ y altere el orden de mérito. Lo que la Corte propone, y nosotros acompañamos, es que el puntaje obtenido en el examen sea la columna vertebral de la elección», sostuvo Gil Lavedra.
El respaldo de la abogacía se centra en tres pilares que consideran innegociables para la nueva etapa de la Magistratura. El primero es la previsibilidad y la transparencia en los concursos. El segundo es la necesidad de que el Consejo de la Magistratura sea un órgano técnico-político, y no una extensión de las disputas partidarias del Congreso. Y el tercero es la rapidez que propone el nuevo sistema, que contribuirá a cubrir el 37% de vacantes que hoy paraliza juzgados clave en todo el país.
Con la entrada en escena del Colegio de la Abogacía, la presión sobre el Consejo de la Magistratura es doble. De un lado está la Corte y del otro, los propios abogados, que buscan que finalmente la idoneidad y la capacidad sean más valoradas que los padrinos políticos.