Reclamo judicial contra el DNU que limita las pensiones por discapacidad
Un grupo de organizaciones encabezadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hizo una presentación para denunciar la grave situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas.
Puntualmente, cuestionaron la aprobación del decreto 834/2024 que modifica los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. En resumen, el DNU resuelve que solo podrán acceder a estas pensiones aquellos que estén incapacitados total y permanentemente, sin vínculos laborales formales ni otros ingresos.
Según ACIJ, la norma establece requisitos que fueron declarados inconstitucionales por la justicia argentina y objetados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos. «Al hacerlo, reproduce un paradigma médico, capacitista y discriminatorio, que desconoce la situación de exclusión estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad, se desentiende de los gastos adicionales que deben afrontar y atenta de modo directo contra su autonomía financiera y su derecho a la vida independiente», explicaron los denunciantes.
Por otro lado, advirtieron que se implementa «un proceso de auditoría sin garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las personas convocadas ejercer su derecho de defensa. Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de la documentación requerida y la posibilidad de efectuar descargos», afirmaron.
Además señalaron que «ni las reformas normativas ni el diseño del proceso de auditoría fueron precedidos de un proceso de consulta a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan conforme lo ordena el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Frente a este escenario, solicitamos al Comité que inste al Estado argentino a proporcionar información detallada y documentada sobre los resultados del proceso de auditoría; que exhorte a derogar el Decreto 843/24 y a adecuar su normativa al enfoque de derechos humanos; que requiera la suspensión de las auditorías hasta que se garantice un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad; que asegure la participación efectiva de este grupo en toda reforma legal, política pública o procedimiento que lo afecte; y que exija la adopción de medidas urgentes para proteger su derecho a la protección social» sostuvieron para concluir.