Multiplican una indemnización por daños y perjuicios por las críticas a una administradora en un chat vecinal
En un fallo que marca un precedente clave sobre los límites de la libertad de expresión y la tutela del honor en chats grupales, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió aumentar de $600.000 a $1.500.000 la suma otorgada en concepto de daño moral a favor de una administradora de consorcio que fue víctima de expresiones injuriosas dentro del grupo de whatsapp del edificio que gestiona.
El conflicto se originó a raíz de la difusión reiterada de audios y textos por parte de una propietaria en el chat comunitario. En esos mensajes no solo se cuestionaba la gestión contable o administrativa del inmueble, sino que se realizaban afirmaciones injuriosas que ponían en duda la honestidad e integridad de la profesional.
Al evaluar el caso, la Cámara determinó que los chats de la denunciada «excedieron holgadamente los márgenes del derecho a la crítica legítima» sobre el trabajo de la administradora. Es más, los jueces entendieron que se configuró un ataque personal que lesionó de manera directa la reputación, el honor y la dignidad de la mujer.
Uno de los ejes conceptuales más significativos de la sentencia radica en la ponderación del canal utilizado para concretar el agravio. El tribunal resaltó que las expresiones deshonrosas no circularon en un ámbito abstracto, sino en un grupo integrado de manera directa por las personas que contrataban los servicios de la administradora. Esta circunstancia agravó la lesión, al poner en riesgo concreto su credibilidad profesional y su principal fuente de ingresos.
Por otro lado, la Sala F recordó que «el daño moral no requiere la acreditación de una pérdida económica cuantitativa o un perjuicio patrimonial directo».
Este caso consolida la tendencia que equipara las interacciones en grupos de mensajería vecinal o institucional a espacios públicos o semipúblicos de difusión. Aunque tradicionalmente se percibían como ámbitos de conversación informal, ahora los jueces entienden que este tipo de canales también implican plena responsabilidad civil por los daños ocasionados.