Los abogados rechazan ser “sujetos obligados”
El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal le pidió formalmente a la Unidad de Información Financiera la suspensión temporal de las obligaciones establecidas por la resolución 48/2024 por la que los abogados están obligados a informar si sus clientes llevan adelante operaciones sospechosas pasibles de ser investigadas como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
El reclamo fue a través de una nota presentada ante el nuevo titular de la UIF, Paul Starc, y firmada por el titular del CACF, Ricardo Gil Lavedra.
“Esta solicitud responde a la complejidad de las obligaciones establecidas en la resolución mencionada y a las inquietudes planteadas por muchos matriculados sobre su impacto en el secreto profesional, pilar fundamental de nuestra actividad, como así también sobre sus posibles consecuencias legales”, sostuvieron desde el Colegio de la Abogacía.
Este organismo ya promovió un amparo colectivo contra esta norma, que todavía está pendiente de resolución en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4.
Tras pedir la suspensión temporal, los abogados se mostraron predispuestos al diálogo pero exigieron cambios. “Reiteramos nuestra disposición para trabajar con la UIF y otros Colegios de Abogacía en la simplificación de estas obligaciones y en una Evaluación Sectorial de Riesgos, que permita una correcta implementación y garantice el ejercicio ético de la profesión”, sostuvieron.