Las dos estrategias del Gobierno para no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
Apremiado por los fallos judiciales que lo obligan a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y desembolsar unos 2,5 billones de pesos para actualizar salarios docentes y presupuesto, el Gobierno nacional juega su última carta a través de dos vías: por un lado, presentó un recurso ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal decida si efectivamente tiene que acatar la ley y, por el otro, busca reactivar una iniciativa en Diputados para reemplazar a la actual norma votada por el Congreso hace unos meses.
Hasta ahora el proyecto había sido postergado por la urgencia en el tratamiento de la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, pero la idea del oficialismo es convocar a la brevedad a las comisiones para darle nuevo impulso. La propuesta busca establecer un nuevo marco de asignación de recursos que sea «sostenible», según el Gobierno.
Entre los ejes de la iniciativa oficial está el ajuste por metas de eficiencia, con lo que el financiamiento quedaría atado a indicadores de rendimiento académico y transparencia en el gasto. Además prevén una partida de $80.000 millones destinada exclusivamente a hospitales universitarios. Por otra parte, el texto tiene una polémica cláusula llamada «de déficit cero», que prohíbe cualquier erogación que no cuente con una contrapartida de ingresos genuinos.
En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, donde el Gobierno alega «imposibilidad de cumplimiento de la actual ley» y cuestiona la imparcialidad de los jueces que fallaron a favor de las universidades. Además sostiene que aplicar la norma conlleva «riesgo institucional» por la posibilidad de que la salida de esos fondos derive en una «parálisis del Estado».
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes denuncian que la pérdida del poder adquisitivo en el sector ya supera el 32% frente a la inflación. Especialistas en derecho constitucional aclaran que, hasta que la Cámara de Apelaciones no resuelva formalmente la concesión del recurso, la obligación de transferir los fondos correspondientes sigue vigente.