Laguna Paiva II: un histórico juicio que llega a su final y puede sentar precedente
A más de 40 años de los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, el juicio por la llamada causa «Laguna Paiva II» entra en su etapa decisiva. Y es relevante porque por primera vez en los procesos por violaciones a los derechos humanos, se juzga el abandono de persona hacia niñas y niños como un delito sistemático y deliberado del terrorismo de Estado. Tras los alegatos finales de la Fiscalía y la querella, el juicio llevado a cabo en Santa Fe se encamina hacia su veredicto.
Para entender este proceso hay que remontarse al caso de la familia de Arnaldo Páez, un referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores secuestrado y detenido en febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima.
La causa juzga a cuatro represores por secuestros, torturas y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, el centro de este debate oral se enfoca en las consecuencias directas que sufrieron los hijos de Páez cuando, tras la desaparición de sus padres -su madre había sido secuestrada tiempo antes-, quedaron librados a su suerte.
En este proceso se expuso cómo la infancia quedó completamente desprotegida y vulnerada. Los testimonios que se escucharon fueron desgarradores. Las propias víctimas, hoy adultas, dieron cuenta del impacto psicológico que tuvieron que atravesar: «Es ponerse en la cabeza de un nene de 6 años y ver que de pronto tu mamá no está, tu papá tampoco».
Históricamente, los juicios de lesa humanidad en Argentina juzgaron delitos como secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y desaparición forzada de personas y apropiación de bebés.
El carácter inédito de este proceso está en que la Justicia aborda el abandono deliberado de las infancias como una categoría penal autónoma dentro de los crímenes de lesa humanidad.
No se trata solo de ver a los niños y niñas como víctimas colaterales o indirectas del secuestro de sus padres, sino de reconocerlos como víctimas directas e intencionales de una táctica del terrorismo de Estado que los dejó desamparados, en situaciones de extrema vulnerabilidad y desprotección.
El juicio comenzó en mayo en Santa Fe y la fiscalía y la querella pidieron penas que van de 12 a 25 años para los imputados. Ellos son los ex policías Antonio Parvellotti, Oscar Alberto Cayetano Valdéz, Eduardo Enrique Riuli y el ex secretario judicial Víctor Hermes Brusa.
Tras los alegatos de la defensa, se estima que la lectura del veredicto final será dictada en los primeros días de agosto.