La Universidad volvió a salir a calle para exigirle al Gobierno que cumpla la ley
A casi siete meses de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad educativa volvió a las calles en un escenario de máxima tensión con el Gobierno. Rectores, docentes, alumnos y gremios protagonizaron una masiva movilización federal bajo la consigna: “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”..
El eje de la protesta fue la exigencia de que el Gobierno acate y aplique de una vez Ley de Financiamiento Universitario, que implica mejoras en los presupuestos de las casas de estudios y actualización de los salarios docentes. Según denunció el Consejo Interuniversitario Nacional, ya se cumplieron 200 días desde que la norma fue ratificada por el Congreso, sin que los fondos lleguen a las aulas.
A pesar de que el Congreso aprobó la ley y luego rechazó el veto presidencial con una mayoría de dos tercios, el Gobierno nacional mantiene la ejecución suspendida. El argumento oficial se sostiene en el “mantenimiento del equilibrio fiscal”, alegando que la norma no cuenta con partidas presupuestarias asignadas que no comprometan el superávit. Sin embargo, la Justicia ya falló en dos oportunidades a favor de las universidades, ordenando la aplicación de la ley. Ante la negativa del Ejecutivo de acatar estos fallos, la disputa se encamina ahora hacia una definición en la Corte Suprema de Justicia.
Los números son elocuentes. El presupuesto destinado a educación superior se desplomó un 28,9% real desde 2023. Por su parte, los docentes universitarios sufrieron una pérdida del 33,7% en sus salarios reales desde noviembre de 2023.
La marcha contó con el respaldo de un amplio arco sindical y político, incluyendo a las dos CTA, ATE, y gremios estratégicos como la UOM y Aeronáuticos, entre otros. Y de miles de autoconvocados que salieron a respaldar y a defender la educación pública y de calidad.