La Ciudad regula el cierre de colegios privados para evitar alumnos a la deriva
Después de varios cierres abruptos de instituciones, que sorprendieron a docentes y dejaron a la deriva a muchos estudiantes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso nuevas reglas para los colegios privados, con el objetivo de ordenar y anticipar cualquier decisión que implique una reducción de actividades o el cierre total.
Desde ahora, si un colegio quiere cerrar sus puertas deberá antes pedir una evaluación a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad. Los inspectores buscarán evitar «cancelaciones intempestivas» y asegurar que los alumnos puedan seguir sus cursadas sin demasiadas alteraciones.
La medida surge en un contexto de caída sostenida de la matrícula en escuelas privadas, especialmente por la baja de la natalidad y la crisis económica. En los últimos años, se multiplicaron los casos de instituciones que cerraron o se fusionaron para paliar dificultades financieras, a veces sin tiempo para organizar la continuidad educativa de los estudiantes.
Según la resolución, los colegios que evalúen un cierre deberán informar con al menos cinco meses de anticipación su decisión, incluyendo un plan detallado de pasos a seguir que contemple un cronograma del proceso de cierre, estrategias de comunicación con las familias y acompañamiento para que los alumnos finalicen el año escolar o se reubiquen en otras escuelas.
Además, la presentación debe incluir motivos y documentación que justifiquen la decisión, así como la nómina actualizada de alumnos y del personal educativo. La Dirección General de Educación de Gestión Privada tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para analizar la solicitud tras su presentación formal.
La norma también establece que las instituciones deberán mantener canales de comunicación eficaces y organizar reuniones obligatorias con padres y docentes para explicar cada etapa del proceso.