Gil Lavedra apoyó la prórroga del nuevo sistema acusatorio
El titular del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, apoyó la prórroga en la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio, que debía entrar en vigencia el 11 de agosto pero se pospuso debido a los reclamos del Ministerio Público Fiscal sobre la falta de condiciones para su implementación.
«Es oportuna y razonable la prórroga dispuesta para su puesta en marcha en la Justicia Penal Federal y Penal Económica con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, ya que permitirá continuar fortaleciendo las condiciones necesarias para una transición exitosa», sostuvo Gil Lavedra al tiempo que resaltó la importancia de los cambios: «Se trata de una transformación clave para una justicia más ágil, oral, transparente y eficiente».
El nuevo modelo acusatorio entrará en vigencia recién dentro de 3 meses a nivel nacional pero ya se aplica en Salta, Rosario, Mar del Plata, Jujuy, Mendoza y Comodoro Rivadavia. Desde el Ministerio de Justicia ponderaron las modificaciones al sostener que permitirán «la plena coordinación entre los tres poderes del Estado», acortarán la duración de los procesos y facilitarán «la ejecución de una política criminal estratégica y racional».
Sin embargo, desde la Procuración habían objetado la falta de recursos económicos, la falta de personal, problemas edilicios y adecuación de las fiscalías -tanto en uso de nuevas tecnologías como en capacitaciones- para las nuevas competencias que tendrán. Además, explicaron que el peso de las causas que se tramitan, por ejemplo, en Comodoro Py, no es el mismo que el de las de otras jurisdicciones. Allí se hacen investigaciones sobre delitos económicos, narcotráfico, trata de personas, corrupción y otros ilícitos que involucran muchas veces a funcionarios y requieren de más tiempo y recursos.
Ante este reclamo, el Ministerio de Justicia accedió a una prórroga pero advirtió: «Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas».
Gil Lavedra se refirió también a la posible afectación en casos de litigios más pequeños, pero que también merecen justicia y habló de «las asimetrías estructurales que enfrentan los abogados y abogadas que ejercen de manera particular, que no cuentan con equipos técnicos ni estructuras de apoyo como las que poseen los ministerios públicos». En este sentido, explicó que «sin un abordaje institucional de esta situación, podría verse afectado el principio de igualdad en juicio, con consecuencias negativas tanto para la profesión como para las personas involucradas en los procesos penales».