Empieza el debate la baja de la edad de imputabilidad con un fuerte rechazo de la Iglesia
Después de varias postergaciones que obedecían a la sensibilidad del tema, este martes en el Congreso se debatirán los distintos proyectos de baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno supo tejer distintos acuerdos con el PRO, la UCR, el MID y otros bloques dialoguistas y confía en lograr dictamen para llevar el debate al recinto. Sin embargo, desde la Iglesia objetaron la iniciativa y sostuvieron que la respuesta al problema no puede ser una solución penal.
Aunque el proyecto inicial anunciado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich bajaba la edad de imputabilidad para los menores que cometieron crímenes a los 13 años, el texto que finalmente fue consensuado establece como límite para condenar a un chico los 14 años.
Pero desde la Iglesia alzaron la voz. Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, sostuvo que «bajar la edad no es lo adecuado» porque «poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz».
«Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves. No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención», sostuvo el obispo.
Desde la Iglesia subrayaron además que no hay lugares adecuados para tener detenidos a los menores y advirtieron que ninguno de los proyectos que se van a debatir contempla partidas presupuestarias para construir nuevos centros que respondan a esas necesidades.
Por otro lado, explicaron que para revertir el problema del delito de menores hay que apuntar a las causas sociales. «Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas», explicaron.
La oposición de la Iglesia no es un dato menor y a esta postura se suman también diversas organizaciones civiles. Los obispos le pidieron al Gobierno nacional que se escuchen todas las voces porque se trata de «un problema que requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio».
Pero en un año electoral, tal vez ese tipo de advertencias no sean tenidas en cuenta.