El taller del horror

El taller del horror

La justicia condenó a 13 años de prisión a los capataces del taller textil clandestino de Caballito que se incendió en 2006, donde murieron seis personas. Defiéndase estuvo presente en el juicio. Hablamos con el fiscal y familiares de las víctimas.

Diez años después de la tragedia ocurrida en el taller clandestino de la calle Luis Viale 1269, el Tribunal Oral Criminal N° 5 de Capital Federal, integrado por los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, encontró culpables a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, los encargados de manejar el taller en 2006.

Los acusados deberán cumplir la pena de 13 años de prisión por la muerte de Juana Vilca, de 25 años, que estaba embarazada, Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, Elías Carbajal Quispe de 10, Luis Quispe de 4, Rodrigo Quispe Carvajal de 4 y Harry Rodríguez de 3.

El fiscal del caso, el Dr. Fabián Celiz habló con Defiendase y señaló que se consiguió una buena resolución. «Se condenó por mayoría a 13 años de prisión, asesorías legales y costas, y por la misma calificación que yo solicité que fue la de estrago culposo en concurso ideal con reducción a servidumbre a quienes fueron los encargados de la fábrica».

Los familiares hablaron de dos posibles imputados más, y el tribunal también.

Si. Nosotros solicitamos la extracción de testimonios para que se investigue la conducta de Geiler y Fischber que eran los propietarios de la fábrica y de la marca que tercerizaban este trabajo en la calle Luis Viale, y el tribunal hizo lugar así que se los va a investigar tanto a ellos como a policías y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad que protegieron esta actividad delictiva.

¿Qué elementos encontraron durante la investigación para determinar que hubo reducción a la servidumbre?

Hay ciertos indicadores que nos señalan cuando se produce una reducción a la servidumbre, y que están volcados en una resolución de la Procuración General de la Nación del año 2011, la numero 46. Y en este caso primero se advirtió el hacinamiento en donde vivían, en cuartos de un metro por un metro, explicó. 

Allí vivía el matrimonio con sus hijos, en algunos casos con dos o tres. Los cuartos eran separados por telas, lo cual impedía tener alguna intimidad. No había constancia de que hubiera matafuegos o algún otro sistema para poder evacuar ante un posible incendio. Y todos vivían en el mismo taller, en el predio de Luis Viale 1271.

Ademas Celiz explicó que también se les prometió un salario cada dos o tres meses, pero nunca se cumplió. Los fines de semana les daban unos vales para poder comer de 50 pesos. 

Luis vivió y trabajó en el taller. Se salvó, pero perdió a su hijo.

Harry, su hijo tenía 3 años cuando falleció en la textil de Caballito. Junto a su esposa se presentaron como querellantes en la causa penal. «Durante estos 10 años hubo mucha pelea y mucho abandono de parte de la justicia», señaló.

Después de la sentencia, en donde se ha llegado a sentenciar a Juan Manuel Correa y a Luis Sillerico Condorí, queremos llegar a los verdaderos responsables que son Daniel Fischber y Jaime Geiler, dueños de la marca, de la propiedad y de las habilitaciones que habían hecho ahí en Luis Viale. Las habilitaciones eran para 5 máquinas y no así para las 67 personas que vivíamos ahí.

Estas personas deben hacerse responsables de todo lo que han cometido y por la muerte de las siete vidas que se han perdido, y en realidad son 7 porque la señora Juana Vilca, estaba esperando familia, dijo.

El incendio ocurrió por toda la precariedad de la instalación eléctrica, los cables estaban por el piso, por el techo y por las paredes. Por la gran cantidad de gente que vivíamos ahí estaban por todos lados. 

Para las 67 personas solo había un baño. Para ducharse tenían agua fría. Detalló que la propiedad, de 230 metros cuadrados tenía las divisiones hechas con cartón prensado o de telas, lo que intensificó el fuego.

La definición más esperada

10 años después, el tribunal condenó a dos personas por las 7 muertes. Ordenó que también se investigue a otras dos, a varios policías y a funcionarios de la Ciudad. Mientras tanto, estas familias reclaman, y seguirán pidiendo porque nunca más haya muertes por explotación.

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