Bloqueos sindicales: un juicio que puede cambiar la jurisprudencia
En Rosario empezó el juicio contra cuatro referentes del sindicato de Camioneros que impulsaron un bloqueo de más de 90 días contra una empresa distribuidora de materiales de construcción en Santa Fe.
La principal afectada y primera testigo fue Verónica Razzini, actual diputada nacional y ex dueña de la empresa familiar afectada. La legisladora declaró durante más de 5 horas y detalló cómo el piquete sindical paralizó por completo la operatoria de la distribuidora.
El conflicto se desarrolló en 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando el gremialista Sergio Aladio, opositor a Hugo Moyano en Camioneros, impulsó un bloqueo para que la empresa dejara afiliar a 18 de sus 100 empleados, aunque su actividad no tuviera nada que ver con el transporte de cargas. Esa protesta generó el repudio de otros empresarios y catalizó la creación del «Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB)», una red que agrupa a dueños de firmas dispuestos a judicializar las medidas de fuerza que obstaculizan su actividad productiva.
Durante su exposición ante el tribunal, Razzini repasó los momentos más críticos de la medida de fuerza y describió un escenario de hostigamiento sistemático, caracterizado por bloqueos físicos en los portones de ingreso, interrupción del flujo de mercaderías y fuertes presiones sobre proveedores y clientes para asfixiar financieramente a la empresa. Además, detalló las agresiones verbales y las amenazas de muerte que sufrieron tanto ella como sus colaboradores más cercanos.
El proceso judicial busca dilucidar las responsabilidades penales de los imputados bajo la figura de «desbaratamiento de empresa», un delito contemplado en el Código Penal que prevé sanciones de cumplimiento efectivo de entre dos y seis años de prisión.
Las audiencias continuarán durante los próximos días con la incorporación de nuevos testimonios y peritajes clave para reconstruir el impacto económico y psicológico del prolongado conflicto gremial. El veredicto que surja de este tribunal rosarino es seguido de cerca por el arco político y empresarial, dado que promete marcar un hito en la jurisprudencia para la tipificación y el castigo penal de los bloqueos sindicales en la Argentina.