Bloqueos sindicales: impulsan un jury contra el juez que absolvió a un camionero y buscan endurecer la ley
La polémica judicial en torno a los bloqueos sindicales a las empresas escaló aún más. El ex intendente y actual diputado de la provincia de Buenos Aires, Manuel Passaglia, formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás, Alejandro López, que semanas atrás dictó la absolución del referente de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y de otros seis imputados por impedir el ingreso a distribuidora en San Pedro.
La presentación exige que se investigue al juez bajo la figura de mal desempeño y argumenta que el fallo contiene vicios severos y falencias jurídicas. Para Passaglia, va contra la ley vigente al convalidar los bloqueos de plantas productivas bajo el paraguas de una supuesta protesta legítima.
En paralelo, la diputada libertaria Verónica Razzini impulsó en las últimas horas un proyecto para modificar la ley y tipificar penalmente los bloqueos a empresas, además de incorporar previsiones que neutralicen los argumentos utilizados por jueces que consideran el bloqueo como parte del derecho de huelga.
El expediente se originó por el bloqueo en febrero de 2021 a Rey Distribución, una empresa familiar de San Pedro que permaneció sitiada durante cinco días por los sindicalistas. Aquellas medidas de fuerza no sólo paralizaron la operatoria y generaron pérdidas millonarias, sino que derivaron en un conflicto extendido que incluyó protestas en los accesos de San Nicolás cuando algunos de los dirigentes sindicales fueron detenidos.
Pese a los testimonios de los propietarios que hablaban de aprietes y extorsiones, el juez López resolvió absolver a los acusados entendiendo que se trató del «legítimo ejercicio de un derecho» constitucional.
La sentencia generó un inmediato repudio por parte del sector empresario y de dirigentes políticos. Desde la pyme afectada calificaron el fallo como un aval a la ilegalidad que deja desprotegidos a los empleadores frente a metodologías de presión extrema.
Con este pedido de jury impulsado en la Legislatura bonaerense, el conflicto sale de la órbita estrictamente penal para trasladarse al Consejo de la Magistratura provincial.
Actualmente en nuestro país los bloqueos sindicales pueden ser considerados como infracciones graves y muchos tribunales sostienen que exceden los marcos de protección que brinda el derecho constitucional a huelga. Sin embargo, la responsabilidad penal es una cuestión que todavía es materia de discusión jurídica.