Amparo de los abogados contra la Ley Antilavado
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentó un amparo contra el Estado Nacional por obligar a los abogados a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones de sus clientes que puedan ser sospechosas de lavado.
Según expuso el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, «un abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente». Y agregó que la medida contenida en la ley antilavado sancionada por el Senado el 14 de marzo es anticonstitucional porque supone la violación del secreto profesional. En este sentido, sostuvo que «todas las actividades de los abogados se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio».
La presentación fue realizada ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo a cargo de la jueza Rita Ailán. La flamante ley empezó a regir el martes pasado y obliga a los abogados a informar sobre acciones concretas de sus clientes como la compra y venta de inmuebles, la administración de bienes y activos, la administración de cuentas bancarias, la creación de estructuras jurídicas y la participación, compra o venta de negocios jurídicos.