Denuncian a la administración del country Haras Santa María por lotes sin escriturar, expensas irregulares , elecciones con manipulación informática, y problemas con el agua potable
Los propietarios del country Haras Santa María, una de las urbanizaciones privadas más grandes de Escobar, presentaron una denuncia penal contra las empresas desarrolladoras por supuestas irregularidades financieras, presiones contra vecinos que cuestionan a la administración y dudas sobre la calidad del agua potable.
La presentación judicial, que ya analiza la fiscalía de Campana a cargo de Ana Laura Brizuela, apunta directamente contra Haras Los Cerros S.A. y la Compañía de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios (CEDISA S.A.). Y los cargos van desde presunta estafa reiterada, fraude informático y coacción, hasta asociación ilícita y adulteración de agua.
El detonante principal fue el formato de facturación y el destino de los fondos comunes, en un predio que maneja un movimiento mensual estimado en unos 800.000 dólares.
De acuerdo con la denuncia, las expensas habrían incorporado gastos que los residentes consideran ajenos a sus responsabilidades cotidianas. Entre ellos se destacan multas millonarias aplicadas a concesionarios internos por infracciones municipales, costas legales, tramites de habilitación y honorarios de abogados, acuerdos laborales e indemnizaciones, además de deudas impositivas ante ARBA correspondientes a parcelas que jurídicamente seguirían a nombre de la desarrolladora.
Por otro lado, los denunciantes cuestionan la aplicación de intereses financieros inusuales, con tasas superiores a las bancarias y esquemas de capitalización que dispararon montos millonarios en cuentas particulares, en franca violación con lo establecido por.el.Código Civil y Comercial de la Nación.
Actualmente la Administración está a cargo principalmente de 3 personas, Gastón Idaskin, Leonardo.Bastiani y Carlos María Sosa, que son quienes toman todas las decisiones sin consulta previa ni asamblea de propietarios.
Ante este panorama, los propietarios interpusieron una denuncia penal, en la.que se ha exigido una auditoría contable integral que permita esclarecer el origen, el destino de los ingresos, y las eventuales responsabilidades penales.
En este accionar la Administración utilizaría a vecinos funcionales que, sin votación ni consulta popular previa, contribuyen de manera directa con los múltiples manejos irregulares del Barrio, votando a favor, por citar un ejemplo, de que se utilice el dinero aportado como fondos comunes de los 1600 propietarios para concretar obras e inversiones a favor de un colegio que no forma parte de los espacios comunes ni aporta suma alguna en el pago de las expensas.
Estos hechos también forman parte de la denuncia y están siendo objeto de la investigación.
Otro de los reclamos históricos que empujó a los vecinos a ir a la justicia es la demora crónica en la escrituración de los lotes. Según la presentación, la falta de finalización de obras y las modificaciones recurrentes en el plan maestro mantuvieron al emprendimiento bajo la figura de «barrio en formación», un estatus que, según denuncian, le permite a las empresas retener el control administrativo y postergar la participación plena de los propietarios.
Aunque la Cámara Comercial falló recientemente a favor de dos vecinos ordenando la entrega de escrituras, el conflicto escaló: según los propietarios, existieron presiones y sanciones a modo de represalia a quienes cuestionan a la administración que van desde la recategorización arbitraria como «morosos» y la aplicación de multas, hasta restricciones severas para utilizar las instalaciones deportivas, coartandolas las posulaciones vecinales, imponiendo confidencialidades inexistentes, y exigiendo una sumisión absoluta a los manejos de la Administración y a las personas que la integran.
A todos estos conflictos se sumó uno de extrema sensibilidad para todos. La denuncia adjunta un informe técnico privado que habría detectado niveles de arsénico superiores a los parámetros permitidos por la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino en el agua de consumo interno.
La Administración no exhibe mensualmente los informes que realiza sobre la calidad del agua, ni permite la participación de vecinos en la extracción de muestras. Muy por el contrario, habría sancionado con multas a propietarios que quisieron interiorizarse en el estado de la Planta de Tratamiento y el proceso de purificación del agua.
Por esta razón, los vecinos reclaman la intervención urgente de organismos oficiales para auditar el funcionamiento de las plantas de tratamiento y garantizar la seguridad bromatológica en las más de 1.500 parcelas que componen los doce barrios del megaproyecto de Loma Verde.