Financiamiento Universitario: la justicia dejó firme la cautelar y el Gobierno debe enviar los fondos
La Justicia le dio un nuevo revés al Gobierno en la disputa por el presupuesto universitario. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que exige al Ejecutivo garantizar el envío de partidas presupuestarias para la actualización salarial de docentes y no docentes, así como el financiamiento de programas de becas estudiantiles.
La resolución fue dictada por la Sala III del tribunal, que declaró abstracta la apelación presentada ante la suspensión de la cautelar y ordenó la inmediata ejecución del presupuesto. Esta decisión se fundamenta en el reciente fallo de la Corte Suprema, que rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado, dejando sin sustento jurídico los intentos de frenar el cumplimiento de la ley.
El conflicto se remonta a la promulgación del Decreto 759/25, mediante el cual Milei condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que se identifique de dónde iban a salir los fondos. La ley había sido aprobada por el Congreso, vetada por el presidente y luego confirmada por ambas cámaras.
Ante lo que consideraron un incumplimiento por parte del Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional impulsó una acción de amparo colectivo para exigir la recomposición de los haberes y de las partidas para becas.
Aunque el Gobierno había intentado encauzar las negociaciones mediante un aumento parcial del presupuesto destinado a las universidades, los rectores advirtieron que las propuestas continuaban por debajo del piso fijado por la nueva ley.
Ahora, con la instancia extraordinaria agotada en la Corte y la ratificación de la Cámara, el Gobierno deberá pagar lo que manda la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo.