Presentaron un nuevo proyecto de eutanasia en el Congreso
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca legalizar y regular la eutanasia y la muerte asistida en el país, lo que forzaría un profundo rediseño de la legislación penal, civil y sanitaria vigente.
La iniciativa, impulsada por el diputado Esteban Paulón del bloque Provincias Unidas, propone la creación del régimen de «Muerte Voluntaria Médicamente Asistida». El texto propone que esa opción sea incorporada en los servicios de las prepagas y del sistema de salud pública y contempla un blindaje jurídico para los equipos médicos a través de una reforma al Código Penal.
Desde la perspectiva del derecho criminal, tanto la eutanasia como el auxilio al suicidio son delitos tipificados en el Código Penal. Para desactivar posibles penas, el proyecto introduce el artículo 83 bis, que establece formalmente: «No será punible el profesional de la salud que realice asistencia médica para morir conforme a las disposiciones, los requisitos y los procedimientos establecidos Tampoco será punible quien haya participado en el proceso».
En el plano sanitario, el proyecto ordena que la asistencia para morir sea incorporada de forma obligatoria al Programa Médico Obligatorio. Esto significa que los hospitales públicos, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán garantizar el procedimiento de manera total y gratuita, sin ningún tipo de copago.
El proyecto se sostiene sobre la base constitucional de los derechos personalísimos y la dignidad humana. En sus fundamentos, se argumenta que la decisión de poner fin a la vida ante padecimientos extremos constituye una de las determinaciones «más íntimas que puede tomar un ser humano», y que el Estado debe garantizar un marco normativo seguro en lugar de la clandestinidad o la judicialización.
Por otro lado, los fundamentos técnicos aclaran que la asistencia médica para morir se integra como una «opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida». Para eso, se imponen lógicamente ciertos requisitos.
El paciente debe padecer una enfermedad grave e incurable, o bien un padecimiento grave, crónico o irreversible que le provoque un «sufrimiento físico o psíquico insoportable y sin perspectivas razonables de mejoramiento». Debe ser mayor a 16 años y su voluntad debe expresarse y formalizarse por escrito ante un escribano público o en juzgados de primera instancia. Por otro lado, la decisión del paciente podrá ser revocada o suspendida en cualquier momento del proceso.
El marco legal regula dos metodologías. La eutanasia, ejecutada por los médicos o la muerte asistida, donde el propio paciente consume el fármaco por su propia cuenta.
También se reconoce el derecho individual de los profesionales de la salud a negarse a realizar la práctica por motivos morales o religiosos, pero se impone una obligación institucional: las entidades de salud están obligadas a garantizar de inmediato otro profesional habilitado para cumplir con la prestación.