Caso $Libra: Mahiques salió a defender a Milei
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, rompió el silencio respecto al avance de la investigación sobre la criptomoneda $Libra y defendió a Javier Milei, a la vez que lanzó una dura advertencia sobre el manejo de la información sensible en los tribunales.
Este fin de semana se conocieron los resultados de las pericias al teléfono del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli. En ellas se encontraron 7 llamadas a Javier Milei justo antes y después del tuit presidencial que apoyaba el lanzamiento de la criptomoneda, que luego terminó siendo una estafa. También había 6 comunicaciones con Karina Milei y se encontró el borrador de un contrato de 5 millones de dólares creado en 2024 a cambio de la supuesta participación del presidente.
Para Mahiques, la difusión de chats y documentos del expediente no solo es un hecho «grave», sino que pone en tela de juicio la integridad de la cadena de custodia.
El ministro centró su postura en dos ejes que buscarán restarle peso a las filtraciones que involucran al propio Milei.
En primer lugar, sugirió que, si los archivos fueron extraídos de forma irregular de la Procuración General, no existe garantía de que no hayan sido adulterados o manipulados. «Cualquier prueba que circule por fuera de los canales oficiales pierde su valor probatorio», dijo.
En segundo término, calificó de «imprudencia» las acusaciones directas contra el Presidente. Mahiques subrayó que la presunción de inocencia debe prevalecer sobre el debate mediático o las conclusiones apresuradas de las comisiones legislativas.Y apuntó a la comisión investigadora del Congreso, al recordar que el ámbito para determinar culpabilidades es exclusivamente judicial.
La estrategia del Ejecutivo parece clara: desviar la atención del contenido de los chats hacia el origen de la filtración. El Ministerio de Justicia confirmó que se sigue de cerca una causa paralela para identificar a los responsables de la vulneración de los sistemas de la Procuración.
Con este movimiento, el Gobierno intenta transformar lo que parece ser una bomba de tiempo en un debate sobre seguridad jurídica.