La Justicia le ordenó al Gobierno que aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad
En el arranque del año, cuando todo el foco está puesto en la Reforma Laboral, el Gobierno recibió un revés de la justicia con la Ley de Discapacidad. Un fallo con alcance nacional obliga al Ejecutivo a dar pasos concretos para poner en marcha la norma que fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei y reafirmada por el parlamento, pero que nunca se reglamentó.
El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, intimó al Estado a garantizar el cumplimiento de la ley y puso plazo: tiene que ser antes del 4 de febrero. El fallo responde a una presentación colectiva de familiares de personas con discapacidad y organizaciones civiles.
La resolución judicial, dictada en plena feria, declara inválida la suspensión de la aplicación de la ley que el Gobierno había dispuesto por medio del Decreto 681/25 y ordena que la normativa entre en plena vigencia, incluso mientras la Cámara Federal de San Martín analiza una apelación del Ejecutivo.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Senado el 10 de junio de 2025 y, tras ser vetada por el presidente, el Congreso la reafirmó con el apoyo de una mayoría calificada. Sin embargo, el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento, una decisión que el juez calificó como un “veto encubierto” y un exceso de sus facultades constitucionales.
González Charbay enfatizó que la norma faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para su ejecución y cuestionó al Ejecutivo por haber realizado numerosas modificaciones con el presupuesto prorrogado, aun cuando alegaba falta de fondos para aplicar la ley.
El Gobierno aún tiene la opción de recurrir a instancias superiores, pero mientras tanto, la obligación de empezar a aplicar la ley se mantiene.