El Código Procesal Penal debe esperar en CABA
El Gobierno tuvo que postergar hasta el 10 de noviembre la aplicación del Código Procesal Penal, que debía empezar hoy en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión fue tomada después de que el Procurador General Eduardo Casal sostuviera que «no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Pese a eso, el Ministerio de Justicia había afirmado que «a criterio del Gobierno Nacional se encuentran satisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal».
Sin embargo, la resolución sostiene que «con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de Justicia, se decide diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable», la entrada en vigencia del nuevo sistema, que arrancará finalmente los primeros días de noviembre.
Los cambios radican fundamentalmente en el papel de los fiscales, que ahora deberán recibir las causas y analizar si se procede a investigar, ejecutar esa investigación y plantear posibles formas de resolución del caso. Según el ministro Cúneo Libarona, eso agilizará los procesos y el servicio de justicia. Pero desde la Procuración se advirtió que para estar preparados para sus nuevos roles, los fiscales deben contar con recursos que por ahora no tienen.