La Provincia de Buenos Aires se presentó en la justicia para frenar el DNU
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, hizo una presentación ante la justicia de La Plata para impugnar el decreto 70/2023 en la que plantea su inconstitucionalidad y pide que se ordene una protección cautelar inmediata que suspenda los efectos de los anuncios presidenciales contenidos en el DNU que entra en vigencia este viernes.
En el texto Lorenzino denuncia que el decreto se dictó con el objetivo de eludir la participación del Congreso en el debate de las reformas que se quieren impulsar y que, por esta razón, viola la división de poderes y el orden democrático. Además, afirma que va en contra de la Constitución porque se dictó para modificar cuestiones permanentes y que no justifica que exista una urgencia que requiera la derogación simultánea de tantas leyes.
El escrito es en representación de los habitantes de toda la provincia y por esa razón Lorenzino exigió que se trate por separado y no se junte con otros reclamos contra el DNU. La presentación recayó en el juzgado del juez federal Alberto Recondo. Si el magistrado resuelve dictar una cautelar, el decreto quedará suspendido hasta que el Congreso se pronuncie.
En la introducción de la presentación, el Defensor del Pueblo explica que su función es velar por los derechos de los ciudadanos que habitan el territorio provincial y hacer que se cumpla la Constitución Nacional y en ese sentido sostiene que el DNU «es manifiestamente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo usurpó atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas por la Constitución».
Para Lorenzino el DNU comete una falta de adecuación a las reglas y principios fijados por la Carta Magna y «la inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta» .
«El Poder Ejecutivo así, por mandato celestial o divino, se constituye en una super-legislatura unipersonal», concluye la denuncia.
Con este, ya son 11 los amparos que se presentaron en la Justicia contra el DNU. Y mientras Milei presiona a los diputados y senadores y amenaza con llamar a un plebiscito si el Congreso no apoya sus medidas, los tribunales ya empiezan a ponerse en marcha.