YPF: un fallo a favor de Argentina suspende un pago multimillonario y derrumba al fondo demandante
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la República Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. El fallo no solo representa un alivio histórico para las reservas del Banco Central, sino que desató un terremoto financiero para los demandantes.
La noticia impactó de inmediato en Wall Street, donde las acciones de Burford Capital, el fondo que lideraba la demanda, sufrieron un desplome superior al 45% en las operaciones posteriores al anuncio. Los inversores reaccionaron con pánico ante la decisión de los camaristas, que consideraron que la interpretación previa de la jueza Loretta Preska sobre la ley argentina y los estatutos de la petrolera fue errónea.
Este derrumbe bursátil refleja el fracaso de una estrategia especulativa que durante años se promocionó como un «activo seguro» para los accionistas del fondo. Al invalidarse la sentencia, el modelo de negocio de Burford, basado en la monetización de juicios soberanos, quedó seriamente cuestionado.
El tribunal de apelaciones determinó que Argentina no incurrió en las violaciones contractuales alegadas bajo los términos que justificaban una cifra tan elevada. Entre los argumentos, sostuvieron que la interpretación del derecho argentino fue errada y que por ende, el cálculo que obligaba a nuestro país a pagar 16.100 millones de dólares ya no corre. Ahora el expediente deberá ser revisado bajo nuevos criterios, lo que dilata cualquier posibilidad de reclamo de cobro inmediato.
Para el Estado argentino, este veredicto no solo desactiva una «bomba de tiempo» financiera que amenazaba con triplicar el déficit proyectado para este año, sino que también sienta un precedente en la defensa de la soberanía jurídica.
Javier Milei festejó el fallo de la Cámara y cargó duramente contra el gobernador Kicillof, entonces ministro de economía de Cristina Kirchner: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner”, dijo.
La resolución de la Cámara valida el argumento argentino de que los conflictos derivados de la estatización de empresas deben dirimirse bajo la ley doméstica, restando poder de fuego a los tribunales extranjeros para imponer sanciones que comprometan la estabilidad macroeconómica del país.