Ya rige el «silencio positivo» del Estado
Para ahorrar recursos, el Gobierno puso en marcha el «silencio positivo» en la administración pública. ¿Qué significa esto? Que si un ciudadano cumple con todos los requisitos formales para un determinado trámite y pasan 60 días sin que reciba ninguna observación del Estado, se considerará que esa gestión está aprobada automáticamente.
La nueva medida se aplicará para unos 500 trámites que se realizan en organismos centralizados y representa un cambio de paradigma. Hasta ahora si no había respuesta del Estado se consideraba que el trámite estaba rechazado. A partir de diciembre, si todo marcha bien, se extenderá la misma práctica para organismos descentralizados del Estado.
El objetivo es agilizar ciertas gestiones y lograr una administración pública más activa y con menos costos. Según el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, fue «un paso trascendental». El funcionario explicó que se aplicará para diligencias que van «desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos».
Sin embargo, desde la oposición advirtieron que la medida también habilita «negocios inmobiliarios con bienes del Estado», porque si un empresario reclama un bien público y no tiene respuesta, puede acceder a él sin ningún obstáculo. Desde la bancada del kirchnerismo denunciaron que la iniciativa esconde «una matriz pensada para entregar recursos del Estado a ciertos actores privados».
Pese a la controversia, la «el silencio positivo» ya está en vigencia. Y modificando un poco el dicho popular, «Estado que calla, otorga».