Reforma laboral: fuerte rechazo empresario a la modificación a último momento del artículo 128
En la previa del debate en el Senado, el sector mayorista expresó un fuerte rechazo a la modificación introducida por el oficialismo en el artículo 128 de la reforma laboral, al considerar que el cambio altera el espíritu original del proyecto y consolida lo que definieron como un esquema de «impunidad total» en la administración de aportes obligatorios.
Según señalaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la redacción inicial establecía el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias. Sin embargo, la nueva versión mantiene su obligatoriedad hasta 2028 y fija límites porcentuales, lo que —afirman— garantiza la continuidad de una recaudación millonaria sin mecanismos claros de rendición pública.
En el centro de la polémica se encuentra el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador encuadrado en el convenio mercantil. El universo alcanzado ronda los 1,2 millones de empleados.
De acuerdo con los cuestionamientos empresariales, los fondos recaudados, que superan los $30.000 millones anuales, se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el argumento de financiar programas de capacitación y fortalecimiento institucional.
El punto más controvertido es que ambas entidades participan de la negociación paritaria y, al mismo tiempo, resultan beneficiarias de los aportes que allí se acuerdan. «Con cada aumento salarial, también se incrementa la recaudación que administran», advierten.
En 2025, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dictó el Decreto 149/2025, que establecía el carácter voluntario de estos aportes. No obstante, una medida cautelar impulsada por el propio INACAP dejó sin efecto la norma, al argumentar que se trata de un ente independiente.
Durante ese proceso judicial, el instituto reconoció el volumen de fondos administrados, aunque no detalló el destino específico de los recursos ni su distribución entre capacitación, gastos institucionales o actividades políticas.
Desde CADAM también cuestionaron la falta de trazabilidad y la existencia de cámaras de representación «difusa o sectorial» que serían, en teoría, beneficiadas con esos fondos: entre ellas se mencionan entidades vinculadas a calles, avenidas, segmentos etarios o colectivos específicos.
Diversas organizaciones empresarias llevaron el reclamo al Congreso en el último año, entre ellas la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías. Sectores industriales como AFAC y CAMIMA también respaldaron la iniciativa oficial para volver voluntarios estos aportes.
Por otro lado, el cuestionamiento también se extiende a más de 1.500 convenios colectivos que, según los empresarios, incluyen contribuciones adicionales bajo distintas denominaciones. Entre ellas, mencionan el aporte solidario por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde abril de 2021 y aún activo, incluso para trabajadores no afiliados a esa cobertura.
Desde CADAM sostienen que estos mecanismos «incrementan el costo laboral por vías indirectas» y cuestionan que la reforma mantenga estos esquemas hasta 2028.
El artículo modificado establece que:
* Los aportes patronales especiales a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones.
* Los aportes a asociaciones sindicales no podrán exceder el 2%.
* Recién a partir del 1° de enero de 2028 los aportes patronales a cámaras y asociaciones empresarias pasarán a ser estrictamente voluntarios.
* Desde esa misma fecha, los aportes sindicales requerirán consentimiento individual, previo y expreso del trabajador, con posibilidad de revocación.
Para los empresarios críticos, el cambio implica una postergación de la voluntariedad prometida originalmente. «La ley iba a terminar con la obligatoriedad, pero ahora la consolida hasta 2028», resumieron.