Pulseada entre el Gobierno y la justicia por los bienes decomisados
La Cámara Federal en lo Penal Económico invalidó de manera definitiva el decreto de Javier Milei que le daba al Poder Ejecutivo el control sobre la administración de los bienes decomisados en causas judiciales por corrupción.
Con esta decisión, el tribunal alineó su postura con la de la Corte Suprema de Justicia, que previamente había establecido que el manejo de esos bienes debía quedar bajo la órbita del propio poder judicial.
Esta resolución se da en un contexto en el que se ordenó el decomiso de más de 600 millones de dólares a los condenados por la causa Vialidad, entre los que está Cristina Kichner, y por la Ruta del dinero K.
El fallo dejó sin efecto el DNU que pretendía modificar el esquema vigente para la gestión de bienes y fondos secuestrados en expedientes penales federales.
Entre sus argumentos, la Cámara subrayó que el decreto fue emitido mientras el Congreso se encontraba en período de sesiones ordinarias y que no se acreditó ningún impedimento para que el tema fuera tratado mediante una ley. En esa línea, el tribunal cuestionó la supuesta urgencia invocada por el Gobierno «La Constitución no habilita a optar discrecionalmente entre el trámite legislativo y la imposición de contenidos mediante un decreto», dice el texto.
Otro punto central del fallo fue la referencia a la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, dictada el 15 de julio de este año, que ya regulaba específicamente la administración de los bienes decomisados. Para la Cámara, ese antecedente desmiente la existencia de un vacío legal que justificara el dictado de un DNU.
Los jueces también descartaron otros fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo, como la necesidad de recursos para la implementación del Código Procesal Penal Federal.
Con esto, el Ejecutivo pierde definitivamente -al menos por ahora- el poder de definir el destino y el futuro de los bienes decomisados en causas de corrupción y todo queda bajo la órbita de la justicia.