Prepagas en la mira: el Gobierno pone plazos y amenaza con multas

Muchas veces los problemas de salud vienen agravados por la burocracia que las familias tienen que enfrentar para empezar un tratamiento o conseguir un medicamento. Los pacientes y sus entornos deben esperar semanas para lograr una autorización, muchas veces los mails no tienen respuestas y los afiliados, que pagan una fortuna en cada cuota, se sienten ignorados o maltratados. Pero todo eso parece haber llegado a su fin. 

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó una serie de resoluciones que modifican normativas y que le ponen límites claros a las obras sociales y prepagas. 

Principalmente dispuso un nuevo Procedimiento General de Denuncias, Faltas Formales y Sanciones que establece que las prepagas y las obras sociales tienen 5 días corridos para dar una respuesta a sus afiliados y 30 días desde la notificación para resolver denuncias.  Si el caso es urgente o implica un riesgo de vida, se podrán poner plazos más breves según criterio médico. 

Además, se establecen plazos para la resolución de reclamos y pagos a prestadores, también con un máximo de 30 días hábiles.  Si no cumplen con eso, las empresas pueden recibir multas de hasta 30 millones de pesos y aparecer en un ranking público como infractoras. 

Esto les da a los afiliados una herramienta legal para reclamar, algo que hasta ahora les faltaba y provocaba una relación asimétrica donde las víctimas siempre terminaban siendo los clientes.