¡Ni una menos más!
Sólo en el último año, murieron en hechos violentos 275 mujeres en Argentina. El Dr. Luis Otero entrevistó a María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia, para conocer lo que se está haciendo desde el Estado en la lucha contra este flagelo.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se están buscando diferentes formas de enfrentar este problema gigante que involucra a toda la Argentina sin distinción de edad o clase social.
En esta nota, el Dr. Luis Otero indaga sobre la situación actual de las políticas oficiales destinadas a luchar contra este mal que nos toca de cerca a todos, junto a la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez.
¿No se siente a veces que en este rubro siempre vamos un poquito atrás de la cosa y no se ha hecho lo suficiente?
Yo creo que nunca es suficiente. En realidad la dimensión del acceso a la justicia y, sobre todo, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es prácticamente un proceso inacabado. Siempre vas a llegar a un estándar, pero te vas a dar cuenta que todavía hay muchas cosas por mejorar porque es un tema que es muy estructural y muy cultural.
Pasa eso y sobre todo teniendo en cuenta que, si salgo de Capital Federal y voy a La Rioja o a Córdoba, la coordinación de toda esta tarea está un poquito todavía en falta
Si, pero tenés enormes esfuerzos, por ejemplo, en la judicialización de los casos. Tenés oficinas de violencia doméstica, tenés equipos interdisciplinarios con los informes predictivos de riesgos. Se han puesto botones de pánico y generado capacitaciones obligatorias para los jueces y los fiscales. Pero la realidad es que siempre te das cuenta que vas un poco atrás con algunas cuestiones.
Hoy parece que hay mucha más violencia que antes. El tema es que hoy se habla y se denuncia, y más gente se anima porque conoce
Si. Sin duda alguna. La violencia es histórica y tiene una matriz histórica y hoy lo que ha ocurrido, y por suerte en nuestro país con mucho éxito, no cualquier país puede decir que tiene una marcha como la de Ni Una Menos en donde la gente se auto convoca y sale a reclamar y a decir no queremos la violencia en la vida de las personas. Esto no es común, no hay marchas así en el mundo. La sociedad argentina así lo reclama y dice y dice basta.
Una de las cuestiones que nosotros estamos planteando es pensar en equipos especializados de jueces que no dividan el conflicto, que no se tenga un fuero civil y un fuero penal que fragmenta la respuesta, y estamos trabajando y promocionando un modelo de atención integral con abordajes psicológicos donde tengas el dispositivo médico. La víctima tendría que entrar a ese dispositivo judicial y ser atendida con todos los recursos. Con el gabinete psicológico, con la constatación de las lesiones, salir con la medida de seguridad que sea necesaria para el caso e incluso tener un juez que no fragmente el conflicto.
Entonces estamos hablando de una ley y de un nuevo fuero especializado, ¿cuánto va a tardar en implementarse?
No creas que tanto tiempo va a tomar. A nivel nacional debemos aclarar que esto es un resorte de las autonomías provinciales, es cómo se organiza la justicia en cada una de las provincias. Por ejemplo, hemos tenido conversaciones con Córdoba y están muy interesados en este tipo de programa. Esta provincia tiene un modelo integral, y pese a haber tenido femicidios están tratando de activar soluciones para poder dar respuesta.
Estamos trabajando en entregar a todas las provincias dispositivos electrónicos duales de vigilancia que son superadores en la tecnología a lo que es el botón de pánico.
El proyecto ¿al Congreso?
No. Nosotros no vamos a ingresar el proyecto al Congreso. Nosotros vamos a fijar una especie de ley procesal que estamos trabajando con un comité de expertos. La idea es que sea una ley modelo que fije líneas de trazo en base al debido proceso penal y civil pero que no fragmente más y que no mire al conflicto de manera como si lo miraras con un microscopio un ratito con cada fuero.
Y esto pasa en todo el país. Nosotros tenemos fragmentada la respuesta en tema de violencia doméstica y esto no es bueno porque quien padece la fragmentación es nada más y nada menos que el eslabón más sensible que es la víctima.
Estamos muy esperanzados. Sentimos que los sistemas judiciales provinciales tienen ganas de dar una respuesta diferente. Cada uno lo va a poder hacer a su modo. Lo importante es que tengan este plan, que lo piensen y que vean como lo van a estructurar. En Jujuy, por ejemplo, por primera vez se van a hacer concursos de magistrados y los van a tomar en un perfil de juez que va a tener la competencia civil y penal en el tema de violencia.
Cuando uno piensa en este equipo de jueces la idea es que todo circule alrededor de la decisión del magistrado. Y que haya un sistema muy fuerte de apoyo para que la víctima se sienta contenida y sea re victimizada lo menos posible en el sistema.
Los números de la violencia
El tema de la estadística se está trabajando en varios lugares. La Corte está haciendo su primera estadística de femicidio. Hay una estadística que está trabajando la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. No es un dato fácil obtener la estadística judicial vinculada con estos casos porque vos ingresas un expediente y no siempre tenés identificado al autor, salvo aquello casos que son evidentes.
Se debe trabajar mucho en la prevención y no llegar cuando las cosas ya ocurrieron. Hay que trabajar profundamente en el tema de la educación y en la construcción de sociedades más igualitarias que son las que no toleran estas situaciones.
¿Cómo es la cuestión del cuerpo de abogados?
Estamos tratando de generar un programa de patrocinio jurídico gratuito. No solo tenemos lo que dice la ley del cuerpo de abogados, también tenemos el decreto 111 que reglamenta la ley de trata de personas. Lo cierto es que no hay un sistema de asistencia legal determinado por el Estado para estos casos. Es un trabajo que requiere también un estudio minucioso, es decir, qué cantidad de abogado vamos a necesitar. Tienen que ser especialista y tenemos que ver cómo hacemos para no transformar a todos esos abogados en empleados públicos, porque también sería muy interesante que el abogado que está en el interior del país y que lleva todo tipo de causas tuviera esta formación y trabajara para el Estado específicamente esta temática de género, pero después la política de genero atravesaría sus otras actuaciones judiciales.
El Ministerio busca también establecer un sistema de tablero de control de casos, es decir, cómo se lleva, cuándo se inicia, cuánto tiempo lleva, cuándo apela y cuándo no, qué se resuelve. La idea nuestra es velar por la calidad del servicio que es realmente lo que nos parece troncal y en eso estamos haciendo los estudios.
Yo quiero hacer un reconocimiento a mucha gente que hace muchos años que viene trabajando la temática. A las ONG, a las Sociedades Civiles que vienen reclamando, a aquellos operadores judiciales que vienen comprometidos con el tema. Y tal vez llegamos en el momento justo, en el momento en el que sí o sí debíamos tomar conciencia y poder emprender acciones que nos permitan pensar una mejor solución, finalizó la doctora Rodríguez.