Milei completó la Corte por decreto
Finalmente, el presidente no esperó al Senado y designó por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Ambos nombres eran resistidos por la Cámara Alta y el tiempo para nombrarlos a través de un DNU se acababa este viernes 28, porque el sábado arrancan las sesiones ordinarias del Congreso.
«El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García – Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de la Nación hasta la finalización del próximo período legislativo con el objetivo de normalizar el funcionamiento del Máximo Tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con sólo tres miembros», dice el comunicado de la Casa Rosada.
Después, el texto difundido por Presidencia parece hablarle directamente a los senadores. «Durante el mencionado plazo esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia», dice.
A continuación, el Gobierno parece querer marcarles la cancha a los miembros de la Cámara Alta: «En ningún caso el Senado tiene potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlas en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos».
Tanto Lijo como García – Mansilla habían tenido sus audiencias en el Congreso en agosto y los pliegos de ambos habían quedado en condiciones de ser tratados en el recinto. Sin embargo, el Senado no los incluyó en el debate durante las sesiones ordinarias de 2024 y tampoco en las extraordinarias convocadas por Milei.
Ahora la oposición, que rechaza las designaciones por decreto, analiza distintas alternativas para frenar los nombramientos. La más factible es que la Cámara Alta vote en contra. Pero también el foco está en la propia Corte, donde los propios jueces pueden optar por no tomarles juramento.