Los constitucionalistas le advierten a Milei: si veta y el Congreso insiste, no podrá judicializar las leyes
El Senado de la Nación le dio un fuerte revés al Gobierno nacional al aprobar y convertir en ley una serie de proyectos de amplio consenso social que, según la Casa Rosada, comprometen el equilibrio fiscal. Entre ellos están la suba de jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la reactivación de la moratoria previsional. Por otro lado le dio media sanción al proyecto para la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos. Estas dos iniciativas todavía necesitan la aprobación de Diputados.
Ante este escenario, Javier Milei anticipó que recurrirá al veto. Pero, según estipulan las normas, si el presidente veta una ley y el Congreso insiste y vuelve a aprobarla con una mayoría de dos tercios de los presentes, esa ley debe ser promulgada. Este jueves varios de los proyectos sancionados tuvieron 48 votos positivos, es decir, dos tercios de la cámara de senadores, con lo que repetir ese número parece algo factible.
Esta posibilidad desvela a la Rosada. Por eso el presidente adelantó que irá a la justicia si el Congreso insiste. «Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó. La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto porque el germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente. Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar», dijo Milei ante empresarios en la Bolsa de Comercio.
Sin embargo, los constitucionalistas consideran que si las leyes vetadas vuelven a cosechar una aprobación superior a los dos tercios en el Congreso, el presidente no tendrá otra alternativa que promulgarlas. Afirman que judicializar una ley sancionada por el Congreso es desconocer el sistema republicano e ir en contra de la Constitución. Además explican que sería un absurdo, donde el Estado nacional demanda al Estado nacional.
«Si se cumplen los requisitos constitucionales para que una ley se apruebe el Ejecutivo no tiene otra que cumplirla, porque sino se expone a un juicio político», resumió el abogado Andrés Gil Dominguez.
Esto abre un frente aún más incierto para el Gobierno, que en pleno año electoral se encuentra ante una encrucijada: o promulga las leyes comprometiendo su bandera del equilibrio fiscal, o va por el veto tensando aún más la cuerda con el Congreso y los gobernadores y arriesgándose a un nuevo revés legislativo y luego judicial. Todo parece indicar que tomará este segundo camino.